La Municipalidad de Quito busca sumar al esquema de transporte público a la mocromovilidad a partir de un proyecto de ordenanza.

Durante el Foro de Inversiones de Movilidad Sostenible organizado por Portal Movilidad, Antonio Chamorro, técnico especialista en movilidad eléctrica de la Secretaría de Movilida de Quito, aportó precisiones al respecto.

“La Secretaría de Movilidad está elaborando un proyecto de ordenanza de micromovilidad en el cual se consideran los Vehículos de Movilidad Urbana (VMU) y Vehículos de Movilidad Personal (VMP)”, indica Chamorro.

Y suma: “Es importante sumar micromovilidad al transporte público ya que debe existir una integración tanto intermodal como multimodal, física y tarifaria en vistas de contar con un mobility as a service”.

El técnico se refiere a que debe existir una conexión entre los elementos de movilidad con la finalidad de que la micromovilidad sea utilizada para la primera y última milla que fortalezcan el transporte público.

Por otra parte, cabe destacar que el Plan Maestro de Movilidad Sostenible del Distrito Metropolitano de Quito (PMMS DMQ), establece en su punto 32 que deben regularse la micromovilidad en la jurisdicción.

Los lineamientos para la regulación estiman una inversión total a 2042 de $65.000 distribuidos de la siguiente manera: $25.000 del 2023 al 2027; $20.000 de 2027 al 2032 y $30.000 del 2032 al 2042.

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Micromovilidad y buses: un sistema integrado

Además de la incorporación de vehículos de dos ruedas al sistema de transporte público, la municipalidad de Quito se enfrenta al desafío de sumar buses eléctricos al circuito.

Para ello, actualmente se encuentran aportando a un proyecto piloto con un bus eléctrico impulsado por una empresa operadora.

“Es un bus eléctrico de 12 metros, para lo cual la Secretaría de Movilidad estableció un protocolo de pruebas mediante el cual se pretende obtener toda la información necesaria para la toma de decisiones de la flota que debería ser adquirida”, indica Antonio Chamorro.

Y suma: “Hay que tomar en cuenta que el transportista o la ciudad tiene que comprar el bus que necesita, no el bus que le quiera dar el proveedor”.

Por otra parte, el funcionario confirma que desde el sector público se trabaja en una ordenanza que busca incentivar a las empresas de transporte que sumen vehículos de esta tecnología.

Sin embargo, Chamorro admite que existen barreras normativas para avanzar en este sentido.

En torno a los modelos de negocio aplicables, indica que el sistema de leasing no representa una opción atendiendo a las regulaciones vigentes.

“Existe una resolución por parte de la Agenda Nacional de Tránsito que indica que el propietario de la habilitación operacional tiene que ser el mismo propietario del vehículo”, precisa el técnico en movilidad eléctrica.

De esta manera, el único modelo permitido sería el de la compra directa del bus, imposibilitando el esquema de arrendamiento.

Respaldo normativo para electrificar el transporte público

A pesar de esta traba, desde la Secretaría de Movilidad se apoya en la normativa local y nacional vigente para tomar acciones hacia la electrificación del transporte.

Por un lado, el Plan de Reestructuración de Rutas y Servicios de Transporte indica que las empresas operadoras que pretendan participar en los paquetes de rutas, deben presentar al menos un 10% de su flota eléctrica.

Por otra parte, en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, se establecen beneficios socioambientales derivados de la reducción de emisiones y ruido y se propone una tarifa diferenciada para movilidad eléctrica.

A su vez, estas regulaciones se suman a los incentivos tributarios nacionales como la exoneración de aranceles e impuestos.

Por último, la Ley de Eficiencia Energética promulgada en el año 2019, indica que los buses que ingresen a brindar sus servicios de transporte público a partir del año 2025 tienen que ser eléctricos.

Aquí el evento completo: