Las iniciativas que se vienen elaborando en el poder legislativo para incentivar a la movilidad eléctrica podrían quedar relegadas frente al juicio político a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, que tendrá lugar el martes 16 de mayo.

El presidente Guillermo Lasso, en medio de acusaciones de corrupción, transita un período de inestabilidad en su Gobierno debido al segundo intento de destitución por medio de juicio político, que debe ser tratado en la Asamblea Legislativa.

Alfredo Samaniego, exviceministro de Electricidad de Ecuador, dialoga con Portal Movilidad y arroja coordenadas sobre la agenda en el Congreso.

“En este momento, el norte político es el avance de ese juicio al presidente de la República”, indica Samaniego.

Y suma: “En cuanto a los trámites de proyectos de ley, entiendo que no se han detenido aunque seguramente se han ralentizado”.

A su vez, también considera que el hecho de que las fechas coincidan con el cambio de medio término de autoridades de la Asamblea, también hace que el interés se centre en esos puntos.

Cabe destacar que el recambio implica la determinación de la presidencia, vicepresidencias, consejo de administración y conformación de las comisiones.

No obstante, el presidente Lasso ha anunciado que presentará ante el Congreso un proyecto de reforma tributaria. Dentro del mismo, se podrían incluir puntos que beneficien a la movilidad eléctrica.

Queridas familias ecuatorianas, les hemos escuchado. Por eso hoy, he firmado el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar con el carácter de urgente. Es una propuesta económica para beneficiar directamente a 340 mil familias. Son 195 millones de dólares que… pic.twitter.com/fA2Xzjz7XJ

— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 11, 2023

En esta materia, vale recordar que desde el 2015, los rodados electrificados no abonan aranceles como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o Impuesto a Consumos Especiales (ICE).

En materia de acción legislativa, el mes pasado, Pamela Mendieta Molina, subsecretaria de Transporte y Obras Públicas, asistió a la comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, presidida por Daniel Novoa Azín.

Allí indicó que la electromovilidad es un tema que se está conversando con el Ministerio de Energía y Minas.

Asume también que se está considerando la modificación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para incluir más puntos sobre movilidad eléctrica.

Por otro lado, el Ejecutivo indica a la comisión que, “hay que actualizar” el proyecto de Ley de Fomento de la Movilidad Sostenible y Desarrollo de la Electromovilidad, presentado por la exasambleísta Elizabeth Cabezas.

Respecto al sector privado, agrupamientos como la Asociación Ecuatoriana de la Movilidad Eléctrica (ASECMOVEL) y la Cámara de la Industria Nacional Automotriz Ecuatoriana (CINAE) han expresado sus demandas.

Con respecto a ASECMOVEL, su presidente, Esteban Albornoz, consideró que hay normativas sancionadas, aunque no se lleva adelante una implementación adecuada.

“La relación del Gobierno con la electromovilidad no ha sido mala, pero no ha tenido la intensidad que hubiéramos querido. No se le ha dado la importancia a la transición, a pesar de que hay incentivos, metas y leyes”, manifestó Albornoz a Portal Movilidad.

La CINAE, por su lado, propone la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), la reducción del valor de la matrícula y de los valores de la revisión técnica vehicular.

Cabe aclarar que, durante la presidencia de Lasso, no se han podido cumplir los objetivos planteados en la Estrategia Nacional de Electromovilidad.

Allí, se planteó que para el 2022 debía regir una ley de electromovilidad en Ecuador, así como también otras medidas como líneas de crédito,  electrificación de flota y la eliminación de los subsidios para el combustible.

Respecto al proceso de juicio político, la Asamblea Nacional resolvió por 88 votos de los 116 legisladores presentes en la sesión que avance del juzgamiento al presidente del país. El martes 16 de mayo tendría lugar el juicio.

“Voy a acudir a la Asamblea Nacional a defender su posición y a demostrar la verdad”, expresó Lasso al canal ecuatoriano Ecuavisa.

En caso de ser destituido, el vicepresidente, Alfredo Borrero, asumiría la primera magistratura hasta el año 2025.