La semana pasada el Partido Popular (PP) presentó ante el Congreso de los diputados su propuesta de «ley retrofit» para introducir una nueva disposición en el decreto ley 29/2021.

Allí se buscaban adoptar medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.

Puntualmente el PP planteaba la posibilidad de destinar fondos europeos del Plan de Recuperación para acometer el sistema de “retrofit”.

La votación de la propuesta se llevó a cabo en el pleno este martes, pero la misma no llegó a buen puerto.

Tanto las fuerzas del Gobierno, cómo los referentes en el congreso de Vox han puesto un freno a la “ley retrofit”.

La defensa del documento estuvo a cargo de la diputada Elena Castillo.

📣La conversión de 🚗 🚛 🚜 con motor de combustión en VE, #retrofit, como una #estrategia_complementaria a otras que impulsan el despliegue masivo del VE, es facilitar el acceso de ➕ciudadanos y ➕empresas a la movilidad sostenible, a reducción de emisiones, al ahorro y a la EE pic.twitter.com/DE22TlAZUc

— Elena Castillo Lopez (@ElenaCastilloPP) May 9, 2023

En su discurso ha defendido la apuesta por una transición energética «sostenible ambientalmente» y que «vaya acompañada del poder adquisitivo de los ciudadanos».

Además, expresó:  “Promover el retrofit como una estrategia complementaria es promover al acceso de más ciudadanos y empresas a la movilidad sostenible».

vocera del PSOE por Huelva, María del Pilar Rodríguez Gómez

Tras esta intervención el debate se abrió.

La vocera del PSOE por Huelva, María del Pilar Rodríguez Gómez, una de las referentes que no ha vacilado en su planteo.

En su turno ha acusando al PP de «mentir» y de decir «medias verdades» en el planteo.

¿A qué se debe esto?

El texto del PP indica que las ayudas destinadas al “retrofit” son escasas.

Las mismas se han calculado con la información trasladada por las asociaciones de fabricantes, de transportistas y de negocios energéticos, entre otros agentes.

Mientras tanto, la “socialista” también ha criticado al PP por decir que el retrofit sólo está destinado a coches ligeros.

Pero, según sus colegas de recinto, la conversión de vehículos pesados también está subvencionada

Juan Antonio López de Uralde, diputado de Unidas Podemos

Juan Antonio López de Uralde, de Unidas Podemos, también fue parte del debate por la «ley retrofit».

El funcionario ha sido quién ha recordado que el retrofit ya está regulado, desarrollado.

Y no solo ello, sino que también “es actualizado periódicamente”. 

Debido a esto, planteaba que la propuesta debería trabajarse en la subcomisión de industria.

La postura de Vox frente al PP

Por su parte, José María Figaredo, diputado de Vox, también ha apelado a que esta regulación «ya existe y se aplica». 

Desde su punto de vista «ley retrofit» del PP funciona como «un parche», brindando algo más barato que comprarse directamente un coche eléctrico.

En su intervención ha aprovechado a defender algunos de los intereses que el partido opositor ya ha planteado en otras ocasiones. 

Particularmente, son contra a la medida de la Unión Europea y del Gobierno nacional de «prohibir los vehículos tradicionales». 

Medida que nace a partir de la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones y los estándares de descarbonización planteados por el sector transporte. 

Más detalles de la “ley retrofit”

En su propuesta el PP de «ley retrofit» se pide que se genere una “simplificación y abaratamiento” de los procesos de conversión.

Es así que ve necesario destinar los fondos europeos a esta materia ante la “complejidad” que supone la transformación del sector.

“Por ello, se hace necesario disponer de parte de los fondos que la Comisión Europea asigna a España dentro del marco del Plan de Recuperación”, explica el grupo.

Uno de los puntos claves de la «ley retrofit» son los plazos que dan al Gobierno.

Según se indica, el PSOE tendrá seis meses para adoptar las medidas necesarias para agilizar los procedimientos de retrofit.

Elena Castilo en su intervención

Para lo cual deberá someter a consulta, con carácter previo, las reformas a desarrollar con el sector y los actores implicados.

Por otro lado, el PP ve necesario diseñar un sistema “más eficiente” de certificación y homologación.

El cual, proteja a los diferentes actores implicados en el proceso.

Además, el PP quiere que se implemente un mecanismo que permita reducir barreras burocráticas y costes de tramitación.

Los mismos limitan estos procesos de conversión, reforzando las garantías de los consumidores y usuarios, de los fabricantes de vehículos.