“Nuestro foco siempre está enfocado en las regiones, no solamente en promover la electromovilidad, sino también en tratar de mejorar la calidad de servicio de todos los digamos los proyectos en los que trabajamos”, expresa Diego Espinoza, Secretario Técnico de Planificación y Estrategia de la División de Transporte Público Regional (DTPR) en Chile.

En el primer día del International Mobility Portal Summit detalla cómo avanza el proceso de incorporación de buses eléctricos en Chile con una amplia variedad de proyectos y licitaciones en la mira.

En primer lugar, repasa la incorporación de 42 buses eléctricos en la Región de Coquimbo y 44 buses eléctricos para la Región de Valparaíso. Ambos están adjudicados y se espera su implementación.

“A su vez, también se están trabajando en otras iniciativas que se encuentran en distintos niveles de avance en términos de diseño de los propios servicios, elaborando las bases de licitaciones y el propio control de legalidad”, explica.

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Hay algunos proyectos que están desarrollados junto con Ministerios, otros en conjunto con el apoyo y financiamiento de gobiernos regionales.

En relación con aquellos que están en proceso de inicio o fase de concurso y licitación pública este año, se destacan casos como las ciudades de Ovalle, Osorno y Copiapó.

En el caso de Ovalle, se planea la implementación de más de 30 buses eléctricos para 8 recorridos de transporte público, junto con la construcción de un centro de carga. Se espera que este proyecto esté operativo durante el segundo semestre del próximo año, 2025.

En Osorno, se proyecta la incorporación de más de 100 buses eléctricos para 11 servicios de transporte público, con tres centros de carga. Su implementación también se espera para el segundo semestre del próximo año.

En Copiapó, se planea un proyecto aún más ambicioso, con la introducción de al menos 121 buses eléctricos para 12 recorridos de transporte público. 

Se contará con terrenos proporcionados por Bienes Nacionales para la instalación de los centros de carga. Se espera que la implementación tenga lugar durante el próximo año.

Recientemente, se anunció el lanzamiento de los contenidos esenciales para nuevas licitaciones, lo que permite a la industria conocer las bases y comenzar a preparar sus ofertas.

Además, se llevaron a cabo proyectos asociados en colaboración con los gobiernos regionales, fortaleciendo su competencia y proporcionándoles herramientas para mejorar la regulación y la entrega de servicios a la ciudadanía. 

“También se trabajó con ellos de manera bien directa para financiar proyectos de movilidad”, añade.

Entre estos proyectos destaca el caso de la Región de Magallanes, donde se aprobó el financiamiento para la implementación de 100 buses eléctricos y un centro de carga en la ciudad.

¿Qué desafíos se encontró DTPR en Chile?

“Nos encontramos con múltiples desafíos en la etapa de diseño y en la implementación. Son algunos de los elementos de los cuales también nos queremos hacer cargo en los siguientes proyectos”, comenta.

Uno de los principales desafíos es la revisión de los modelos de negocio, así como la identificación de los incentivos adecuados para las empresas involucradas.

Resulta crucial garantizar que estos incentivos estén alineados con los intereses del Ministerio y que promuevan la prestación de un servicio de calidad para los usuarios.

“Otro gran desafío constante tiene que ver con una revisión de los resultados de nuestros procesos de licitación”, señala sobre optimizar la eficiencia y la competitividad de los mismos.

Tiene por objetivo hacer del proceso de licitación un procedimiento más transparente y competitivo, garantizando una selección eficiente de los proyectos.

Esto implica no solo el trabajo interno con los equipos del Ministerio, sino también la consulta y asesoría externa.

Se incluye la evaluación de las estructuras de pago, como las sanciones o multas, así como la revisión completa de los incentivos en todos los procesos de licitación.

Aunque recalca que el principal desafío que enfrentan es el cumplimiento de las metas medioambientales que propuso el país.

Al 2035 se espera que la totalidad de las ventas de buses de transporte público sea de vehículos de cero emisiones, mientras que al año 2040 se estima que la totalidad de la flota sean buses cero emisiones.

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