La dotación de cargadores en los 65.000 kilómetros de red de carreteras de convencional requeriría de una inversión extra de 4.000 millones de euros por parte de la Administración que no están incluidos en el presupuesto del Perte para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado, según los cálculos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

Así lo expresó este martes el líder de la patronal de grandes constructoras (ACS, Ferrovial, FCC o Sacyr), Julián Nuñez, durante la presentación del estudio número dos de la Revista del Instituto de Estudios Económicos (IEE) de 2023 titulado: ‘La inversión en infraestructuras: el modelo concesional como palanca del crecimiento económico y social’ y mientras mencionaba alguno de los proyectos que podían verse favorecidos con la apuesta por este modelo.

El representante de los empresarios defendió las concesiones señalando que había sido un ejemplo durante la construcción de las carreteras de peaje en décadas pasadas y que podría suponer una solución ante un creciente gasto del presupuesto público en partidas sociales que reduce el dinero disponible para infraestructuras.

No obstante, subrayó la “paradoja” de que este modelo que sería “coherente” con la situación actual haya venido a menos en los últimos años, en los que la inversión en infraestructuras se ha reducido.

Según datos del informe, entre 2014 y 2021 la inversión pública a través de contratación público-privada (CPP) fue de unos 6.300 millones de euros, una cifra “insuficiente” para compensar la depreciación estimada en este tipo de infraestructuras, que requerirían aproximadamente 2.400 millones de euros adicionales anualmente.

Además, el análisis apunta a una reducción del porcentaje de participación de esta modalidad de contratación sobre el total del gasto público en capital realizado en España, lo que “contrasta con la necesidad de un aumento en su participación”.

Concretamente estima que, manteniendo constante el gasto en CPP previo a la crisis, el total de los recursos hubiera tenido que ser de 30.000 millones más que los ejecutados en este periodo.

Núñez destacó la “sequía concesional” en España al destacar que los proyectos licitados en esta modalidad en España en los últimos ocho años acumulan un valor de 3.500 millones de euros, lo que supone una tercera parte de lo licitado en el año 2010.

Para revertir la situación actual, el directivo de las grandes concesionarias apostó por un cambio en la regulación.

En concreto, puso el foco en el real decreto de 2017 que desarrolló la Ley de Desindexación aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, que prefija una tasa de descuento “que no es la de mercado” y que hace “imposible recuperar en los plazos la inversión”.

FONDOS EUROPEOS

A su juicio la adenda financiera de los fondos del Plan de Recuperación supone una “oportunidad” para la colaboración público-privada, porque incorpora 66.000 millones de euros en forma de préstamos financieros, destacando, entre ellos, el Fondo de Resiliencia Autonómica, con 20.000 millones de euros gestionados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Entre los proyectos para cargadores que podrían abordarse mediante este método, Núñez destacó los planes hidrológicos del tercer ciclo, que incluyen una inversión de 2.000 millones de euros en el ámbito de las entidades locales.

“Va a ser difícil que nuestros municipios dispongan de esta cantidad de recursos para poder acometer esas infraestructuras básicas y que hay que ejecutar hasta 2027”, señaló. También mencionó los programas de extensión de transporte público como el metro (5.600 millones) o el tranvía (3.200 millones). Además, mencionó también la ampliación del Perte naval.

Por otro lado, reclamó recuperar el “liderazgo que debe tener la Administración General del Estado en todos los procedimientos de contratación” y, en concreto, del Ministerio de Transportes. En este sentido, pidió completar el plan de cierre de itinerarios de autovías de alta capacidad o los relacionados con el ciclo integral del agua.

FOMENTAR EL MODELO

Durante la presentación del estudio, el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, apostó por fomentar el modelo porque involucrar al sector privado en la gestión y el mantenimiento de las infraestructuras puede conducir a “mayores niveles de eficiencia, calidad y durabilidad”.

Según el estudio, el modelo concesional logra un “ahorro significativo” debido a la generación de beneficios derivados de economías de escala, así como el reparto de los riesgos asociados a los proyectos entre el ente público y el socio privado. Además, la transferencia del riesgo de construcción en los contratos de concesión generaría “menores deviaciones en los presupuestos y las ofertas suelen estar mucho más ajustadas”.

En este sentido, los autores del informe comentaron durante la mesa redonda en el que se desgranó la falta de “voluntad política” debido a que había habido fallos en la ejecución de este modelo que habían generado “titulares en la prensa”. No obstante, el presidente de Seopan subrayó que existe “desconocimiento del modelo” y reforzó la idea de crear una agencia de evaluación para evaluar los posibles defectos de su desarrollo.

“A las grandes empresas les gusta saber en qué se han equivocado para no volver a caer en el mismo error, sin embargo, cuando algún proyecto de interés público fracasa no existen estos mecanismos”, apuntó, según informa Servimedia.