Tanto el sector público como privado advierten que es necesaria la implementación de políticas públicas para avanzar en la electromovilidad en México.

En ese sentido, se espera que para este año puedan irrumpir en el escenario nacional paquetes de incentivos o planificación por parte del Estado.

Entre ellos la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME), la implementación de la hoja de ruta de electrificación de transporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el desarrollo de un Plan Nacional de Movilidad Eléctrica propuesto por el sector privado.

En este momento de la coyuntura nacional, el Instituto Politécnico analiza cuáles son las normativas que harían falta para el impulso de esta tecnología.

Entre otros puntos, se destacan los siguientes:

• Estándares mínimos de seguridad para vehículos eléctricos e híbridos nuevos y celdas de combustible.
• Promoción de una nueva actualización de la NOM 194 de dispositivos esenciales de seguridad de vehículos nuevos que especifiquen requerimientos mínimos como la limitación del derrame de electrolitos, la retención de dispositivos de almacenamiento o conversión de energía eléctrica durante y después de un impacto.
• Requerimientos mínimos de seguridad para infraestructura de carga; normas de homologación para tipos de conectores.
• Normatividad de retrofit.

El Ingeniero de Energía Leandro Brito Barrera, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional de México, explica cómo se toman estas definiciones en torno a las normas.

“Para crear una norma generalmente se establece un comité en el Estado o a nivel general y el mismo para hacer la norma está integrado por expertos del mismo gobierno, expertos académicos, investigadores, expertos en la empresa y usuarios expertos”, indica Brito.

¿Qué políticas se implementan hoy hacia la electromovilidad en México?

A los fines de fomentar la tecnología para la transición vehicular, en el país se instrumentan las siguientes medidas:

• Exención del ISAN, que implica que los vehículos eléctricos no pagan impuestos sobre automóviles nuevos.
• La exención de pagos de tenencia “en la mayoría de los Estados”. En el estado de México no se pagan tenencias durante los primeros cinco años. Luego de este plazo se abona el 50% de la obligación“Esto que sucede en el estado de México debiera ser en todos los Estados”, expresa Brito Barrera.
• Exención de la verificación ambiental, para determinar el nivel de emisiones del vehículo.
• Deducción del impuesto sobre la renta (ISR) para la adquisición de electrolineras.
• Eliminación de aranceles para la importación de vehículos eléctricos. Esto aplica para las empresas que estén inscriptas en el decreto para el apoyo a la competitividad.

Según el profesor encargado de vinculación académica del Clúster de Energía, este beneficio debería implementarse para todas las firmas.

En materia legislativa, las normas nacionales que regulan el sector son las siguientes:

• Ley general de equilibrio ecológico y protección del medio ambiente
• Ley general de cambio climático.
• Ley de transición energética.
• Ley de caminos puentes y autotransporte federal
• Iniciativa de ley general de movilidad y seguridad vial.

Cabe mencionar que la publicación de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME) sería un primer paso para el tratamiento de una ley de electromovilidad en México.

Según la experta en movilidad eléctrica y energía, Yolanda Villegas, el pie necesario para dar marco normativo a la movilidad eléctrica es la publicación de la misma.

“No existe una ley de electromovilidad, se está trabajando en una política pública en torno a una estrategia nacional de movilidad eléctrica. Como sistema inverso, de ello saldrá dicha ley”, explica la especialista.

En torno a los puntos centrales para la regulación del sector, destaca la reducción progresiva de aranceles para la importación de unidades eléctricas y aplicación. En ese sentido, la política planificada debería tener alcance hacia 2030.