Con la actual situación de la cantidad de puntos de recarga existente en España hay una discusión que Ángel García, presidente de la Asociación de Usuarios del Vehículo Eléctrico (AUVE), piensa que no puede darse.
“Sería fantástico que la densidad de cargadores hubiera alcanzado el punto de poder empezar a discutir sobre qué operador es mejor que otro, realmente estamos muy lejos todavía”, declara.
Los instaladores, en concreto y según García, se encuentran en la batalla de tener que colocar un punto y toda la burocracia que eso conlleva.
Para el presidente de AUVE, el país está en la faceta donde el usuario debe definir si las redes son confiables y si los cargadores lo son también.
Las redes de infraestructura españolas continúan creciendo de momento, pero no al ritmo esperado: se estiman 12 meses como mínimo para la instalación de un punto de recarga.
Esto demora la expansión de la electromovilidad en el país y retrasa las decisiones del usuario de pasarse a un coche eléctrico para luego ser el que evalúe qué operador es mejor que otro.
Este cuestionamiento de parte del nuevo presidente de AUVE viene a raíz de que durante el especial “Tendencias de la movilidad eléctrica en España” de Grupo Portal Movilidad, fue preguntado por la fiabilidad de la red de puntos de recarga.
Su respuesta es contundente: “Se resume en que se verifiquen tres condiciones: el punto debe existir, estar operativo y que esté despejado, o sea, para poder usarlo”.
Pero la evaluación del usuario sería aún mejor si hubiera la robustez de puntos de recarga y operadores que le permitan a este poner en comparación.
El método de pago: otro tema para revisar
“Debe haber una optimización del sistema de pago, no podemos los usuarios tener 40 aplicaciones para 40 puntos de recarga y tener que registrarnos a las 3 de la mañana en un cargador cuando llueve e intentar enchufar”, comenta García.
Desde AUVE plantean que un Mapa de Puntos de Recarga podría venir a solucionar un problema como este, al menos el de la localización y de que éste se encuentre operativo y sin fallas.
Entonces, menciona una serie de maneras ya existentes y que funcionan: tarjeta de crédito o débito, el sistema Plug and Charge y otras soluciones.
“Los usuarios necesitamos tener cierta facilidad para poder cargar y tener una grata experiencia que haga de mejor difusor de la movilidad eléctrica”, explica el presidente de AUVE.
Da el ejemplo de él mismo, asturiano, se encuentra con personas que vienen desde Bilbao reservando una noche de hotel y no es capaz de poner el punto de carga en marcha.
Y por esto comenta: “Eso no puede pasar porque disuade al usuario y así el boca a boca desgasta la adquisición de vehículo eléctricos y alimenta a todas los ‘demonios’”.
Asimismo, da un mensaje positivo diciendo que la tendencia de la electromovilidad no es algo que vaya a ser difícil de parar y si hace un tiempo se multiplicaba por dos la cantidad de coches y cargadores, ahora lo hace por tres.
AUVE y las elecciones del 23J
El presidente de AUVE remarca en su ponencia que es de especial importancia que el próximo gobierno que se conforme respete y siga los lineamientos marcados por el PNIEC.
Es un plan establecido y que por sus objetivos y características es probable que se llegue a un buen puerto, así lo señala García.
La buena señal es que al estar ya establecidos los puntos a los que se quiere llegar, es indispensable que deban cumplirse.
Allí también se enmarcan las ayudas a los usuarios, donde AUVE hace hincapié.
“Teniendo en cuenta que las ventas de vehículos eléctricos en España se encuentran por detrás de la media europea, se debe conservar, amplificar y mejorar las ayudas”, aclara.
Esto le parece imprescindible para corregir las discrepancias y alcanzar los objetivos marcados en el PNIEC.
Para el presidente de AUVE se deben resolver tres problemas centrales: la lentitud a hora de resolver expedientes, la complejidad burocrática y que estas se tributen como un incremento patrimonial dentro del IRPF.
Estas cuestiones se ven agravadas por el hecho de que las ayudas, por ejemplo, del plan Moves III dependan de las 17 comunidades autónomas, cada una con sus propias reglas.
La propuesta de la asociación del usuario es que este sistema se centralice para una mejor gestión, donde se tengan en cuenta los tres puntos anteriormente mencionados.
“La situación genera mucha incertidumbre y es algo que el próximo Gobierno deberá resolver”, sentencia García.