Ecuador tiene una meta clara: a partir del año 2030, todos los vehículos que se incorporen al servicio de transporte público urbano e interparroquial deberán ser eléctricos o de cero emisiones. 

Sin embargo, la infraestructura de carga limitada, la falta de políticas públicas claras, el costo inicial de adquisición y la ausencia de educación sobre movilidad eléctrica son piedras en el camino que dificultan su desarrollo.

Además, la mayoría de las políticas públicas vigentes en el territorio no están enfocadas en el transporte de carga ni comercial.

En palabras sencillas: el balance está en rojo. Así lo indicó Jorge Chicaiza Vaca, de la Cámara Ecuatoriana de Empresas de Transporte de Carga y Logística, en una exposición sobre casos de éxito y retos de la movilidad eléctrica en el transporte público y comercial de Latinoamérica, llevada adelante por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y la empresa BYD.

Según el balance energético nacional, el 48,9% de energía le corresponde al transporte. Este segmento es el mayor consumidor energético en Ecuador.

Dentro de ese porcentaje, el transporte terrestre ocupa el 94%, seguido por el marino con 4% y el aéreo con 1%.

Desglosando aún más los detalles, el transporte de carga pesada consume el 47%, la carga liviana el  21%, los automóviles el 17%, los taxis y buses el 4%. 

“Las estrategias en movilidad sostenible están orientadas al sector de taxis, buses y autos particulares y dejan de lado al transporte de carga que representa el 70%”, agrega.

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¿Qué números establece la Estrategia Nacional de Electromovilidad para Ecuador?

Para el 2025, la Estrategia Nacional de Electromovilidad indica 10.000 vehículos eléctricos.

Dentro de esa meta, 1000 vehículos corresponden al segmento de camiones ligeros de carga.

El resto se divide entre 1500 buses eléctricos, 2000 taxis eléctricos y 5500 vehículos ligeros.

Avanzando un poco más en el tiempo, para el 2030 se estiman 100.000 vehículos eléctricos.

Se trata de 4000 camiones ligeros de carga, 20.000 taxis, 11.000 buses y 65.000 vehículos particulares.

Por último, según las metas establecidas, para el 2040 deberían circular 750.000 vehículos eléctricos.

Esto sería 30.000 camiones eléctricos, 90.000 taxis, 40.000 buses y 590.000 vehículos.

Con la implementación de esta estrategia, los beneficios económicos son claros.

Según señaló la Cámara Ecuatoriana de Empresas de Transporte de Carga y Logística se generarán ahorros en divisas, en reducción de emisiones y se aumentará el empleo verde con 10.000 puestos de trabajo.

Se espera un ahorro total de 7243 millones de dólares: 6400 millones en ahorros de divisas, 700 millones en reducción de emisiones de CO2  y 143 millones en reducción de emisiones contaminantes.

“A pesar de esto, las políticas públicas no son claras porque no explica cómo se van a aplicar las tecnologías cero emisiones ni hay un reglamento adecuado. Esto limita verificar cuáles son los beneficios en adquirir un vehículo eléctrico”, señala Chicaiza Vaca.

Faltan planes de financiamiento y normativas técnicas

Son cuatro los ejes sobre los que hay que trabajar: gobernanza y política pública, economía y mercado y gestión de la estrategia y educación.

Esto abarca el impulso de incentivos y programas de financiamiento por parte de los bancos y cooperativas.

También la necesidad de la promulgación de una normativa técnica y de estándares, junto con el desarrollo de la infraestructura de carga y programas de fin de ciclo de vida de las baterías.

En cuanto a gestión de la estrategia, se busca incentivar el diálogo, la participación y el monitoreo.

¿Cómo impacta la Ley de Competitividad Energética en el transporte público y de carga eléctrico?

La Ley Orgánica de Competitividad Energética, que entró en vigencia en enero pasado, busca optimizar la gestión de recursos públicos relacionados con el sector eléctrico, tanto en el ámbito público como privado, en el marco de la crisis energética que está atravesando el país.

La legislación establece medidas concretas y metas para impulsar la adopción de la electromovilidad en el transporte público y comercial del país.

En primer lugar, el transporte público, de carga pesada y de uso logístico por medios eléctricos se priorizará como medida de eficiencia energética en la planificación pública. 

Por otro lado, como ya se mencionó, a partir del año 2030, todos los vehículos que se incorporen al servicio de transporte público urbano e interparroquial, así como comercial en el Ecuador continental, deberán ser eléctricos o de cero emisiones. 

Además, a partir del año 2024, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán, en coordinación con el Comité Nacional de Eficiencia Eléctrica, desarrollar los estudios e implementar la infraestructura necesaria para garantizar esta transición hacia el transporte eléctrico.

Para supervisar y monitorear el avance de estas medidas, los GAD deberán reportar anualmente las acciones realizadas para impulsar y promover el transporte 100% eléctrico y de cero emisiones al Comité Nacional de Eficiencia Eléctrica.

Para financiar estas iniciativas, se crea el Fondo Nacional de Inversión de Eficiencia Energética (FINEE), que se nutrirá de la contribución del 1% del valor de la matrícula de vehículos particulares de motor de combustión interna, así como de otros vehículos definidos por el Estado ecuatoriano. 

Este fondo será fundamental para financiar planes, programas, proyectos y cualquier actividad destinada a cumplir los objetivos y metas establecidos en el Plan Nacional de Eficiencia Energética.

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