La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria, rechazó el proyecto de ley “De incentivo para la adquisición de ómnibus de transporte público eléctricos o híbridos en el Paraguay”.

El documento, que contaba con media sanción de la Cámara de Senadores, fue devuelto a la cámara de origen para su reevaluación.

El documento tuvo la objeción de la Comisión de Presupuesto, cuya presidenta, María Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), defendió el dictamen de rechazo.

Significó que la Ley N° 6925/22 “De incentivos y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay”, se halla en proceso de reglamentación .

Además, mencionó que el informe técnico del Ministerio de Hacienda no dispone el objetivo específico del fondo a crearse a partir de partidas presupuestarias a ser establecidas por el Poder Ejecutivo.

El diputado Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), coincidió que el proyecto presenta algunas falencias que podrían subsanarse con modificaciones, por lo que solicitó sea aplazado en su estudio.

Sin embargo, desde la Presidencia se le hizo notar que, materialmente, no hay tiempo, teniendo en cuenta que el proyecto tiene sanción ficta el 17 de agosto próximo.

El proyecto rechazado faculta al Poder Ejecutivo a implementar, en forma equitativa, un subsidio destinado a apoyar la transición inicial hacia tecnologías más eficientes y sostenibles en el transporte público colectivo de pasajeros, mediante sustitución anual de hasta el 10% de su flota de ómnibus con motor diésel por ómnibus con motorización eléctrica o híbrida.

Establece, igualmente, que el subsidio no podrá ser superior a la brecha entre el costo de adquisición en el mercado local de un ómnibus con motorización eléctrica y el costo de adquisición de un ómnibus con motor diésel en el mercado local.

Recordemos que la mencionada ley 6925/22 tiene por objeto establecer el marco normativo que regule la promoción del transporte eléctrico en el país y el fortalecimiento de las políticas públicas de incentivo de su uso en el sector público y en la ciudadanía en general.

Para tal efecto, dispone, igualmente, exoneraciones impositivas, incentivos y normas de políticas públicas para la producción y ensamblaje de vehículos y autopartes y el uso del transporte eléctrico como transporte de energía limpia.

Tras su rechazo, se dispuso que el documento sea, nuevamente, girado a la Cámara de Senadores.

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