El 10 de abril, los parlamentarios franceses se reunieron en la Comisión de Desarrollo Sostenible para discutir el proyecto de ley propuesto por el parlamentario Damien Adam. Busca promover la transición hacia flotas corporativas más ecológicas.

En este sentido, las empresas estarían obligadas a incorporar un 20% de vehículos eléctricos a sus flotas corporativas hasta 2024, un 40% hasta 2026, un 65% hasta 2028 y un 95% hasta 2030.

Sobre esta base, Avere-France pide continuar con la propuesta sin reducir las ambiciones de las empresas.

“Una reducción demasiado significativa de los objetivos podría comprometer la ambición europea de acabar con todas las renovaciones de flota con vehículos de combustión dentro de diez años”, afirman en la declaración.

Según Transport & Environment (T&E), dos de cada tres corporaciones no cumplieron con el requisito mediante la compra o el arrendamiento de sus propias unidades. Además, la mayoría de ellos no presentó informes.

Vale la pena señalar que el sector empresarial constituye más del 50% de las matriculaciones anuales y desempeña un papel crucial como principal proveedor de automóviles nuevos.

El número de matriculaciones de turismos y vehículos utilitarios ligeros totalmente eléctricos aumentó un 71,61%, alcanzando una cuota de mercado del 11,07% a finales de 2023 (un aumento del 3,5% respecto al año anterior).

Además, las unidades compradas por empresas suelen revenderse después de aproximadamente cuatro años de uso , en comparación con los once años que mentienen los particulares, lo que contribuye a la disponibilidad de coches de segunda mano en el mercado.

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En 2023, los coches electrificados, incluidos los híbridos eléctricos y enchufables, representaron aproximadamente el 4% del mercado de segunda mano, con unas 175.000 unidades , lo que marcó un hito histórico.

Por eso, la organización sostiene que la electrificación de flotas corporativas juega un papel importante a la hora de hacer que los vehículos eléctricos sean más accesibles para un mayor número de personas.

En la publicación, Avere-France comenta: “Teniendo en cuenta la triple observación del fin de la venta de vehículos de combustible en 2035, el papel social que las flotas de empresas pueden desempeñar como proveedores de vehículos en el mercado de segunda mano y las reacciones mixtas en en términos de cumplimiento de las obligaciones, las innovaciones legislativas permitidas por el proyecto de ley de Damien Adam parecen esenciales”.

¿Cómo incentivar la transición de flotas corporativas?

A continuación, Mobility Portal Europe comparte los detalles de la propuesta legislativa de Damien Adam.

La propuesta pretende establecer una trayectoria clara para la renovación de las flotas corporativas hacia coches más sostenibles y aumentar la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones medioambientales corporativas.

El primer artículo establece umbrales intermedios para que las empresas integren una proporción cada vez mayor de vehículos eléctricos en sus flotas, de la siguiente manera: 20% para 2024, 40% para 2026, 65% para 2028 y 95% para 2030.

Además, enfatiza la exclusión de los híbridos enchufables de estos porcentajes, con el objetivo de alcanzar el objetivo de ventas de automóviles 100% cero emisiones para 2035.

El segundo artículo propone multas de hasta 10.000 euros (20.000 en caso de reincidencia) para las empresas que no cumplan las cuotas ecológicas, para reforzar la transparencia y los métodos de control.

Finalmente, los dos últimos puntos establecen un sistema sancionador adecuado para las empresas que no cumplan los objetivos definidos en el artículo primero, incluyendo una multa gradual de hasta el uno por ciento de sus ingresos totales, así como la prohibición de participar en contratos públicos. .

“En los últimos años, la Unión Europea ha demostrado su compromiso con la transición ecológica y el desarrollo sostenible. Con el Pacto Verde , todos los Estados miembros se unen en torno a un interés común: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad de carbono”, declara Adam en una sesión plenaria.

“Ahora nos corresponde a nosotros transponer estas directivas a nuestra legislación nacional. Intervine en la Cámara como relator sobre la parte de transición ecológica de este proyecto de ley”, añade.

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