El 28 de marzo la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo presentó el Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico (Plan Argentina Productiva 2030), que tiene por objetivo transformar el entramado productivo del país con vistas a mejorar los indicadores sociales, económicos y ambientales.

Éste se estructura en torno a 11 misiones, donde la cuarta que se denomina “impulsar la movilidad del futuro con productos y tecnologías nacionales” contempla a la electromovilidad.

Lo cierto es que, según el documento, “indudablemente la industria automotriz comenzará a remplazar los vehículos a combustión por los eléctricos”.

Sin embargo, reconoce que las metas de penetración variarán según cada país.

Por ejemplo, mientras que algunos ya cuentan con una hoja de ruta de transición para los próximos años – como China, Estados Unidos, India y gran parte de Europa y el este de Asia-, para Latinoamérica aún no se delinea un rumbo preciso.

Además, en Argentina la agenda de la movilidad sostenible se da en un contexto de despegue de Vaca Muerta, que genera oportunidades para el desarrollo del gas como combustible económico de transición en el transporte.

En efecto, mientras que se plantea a la electromovilidad como una solución adecuada para la movilidad urbana, para tramos de media y larga distancia el Gobierno considera al GNC y el GNL como soluciones eficientes, al menos, hasta que se consoliden las nuevas tecnologías cero emisiones.

Por otra parte, vale mencionar que esta misión se desagrega en siete proyectos de política pública, que incluyen lineamientos para el sector automotriz tradicional en su tránsito hacia la movilidad sostenible.

Entre ellos, se destacan el cuarto, que consiste en propiciar el uso inteligente del gas natural vehicular en la transición; el quinto, que busca promover la movilidad eléctrica como norte de largo plazo; y el sexto, que se vincula con el impulso de la micromovilidad.

Al respecto, el documento indica: “Como cuarto eje se encuentran los desafíos ligados a la transición hacia la electromovilidad, que está transformando la cadena automotriz-autopartista global. En este sentido, los vehículos eléctricos cuentan con un powertrain de mayor valor que el auto a combustión interna y en Argentina no se encuentran sistemistas que se especialicen en las autopartes”.

Y continúa: “Este eje se complementa con el del uso inteligente del GNC como parte de la transición. Si bien el foco central de este documento está en la industria automotriz, otro de los ejes tiene que ver con el fomento a la micromovilidad”.

A continuación, compartimos los datos principales del cuarto y quinto eje del documento, el cual tiene por finalidad analizar cómo modernizar la movilidad en Argentina desde una perspectiva de desarrollo productivo.

Proyecto 4: políticas para la promoción de la electromovilidad en la Argentina

Actualmente, la única política de impulso a la movilidad eléctrica vigente consiste en una reducción temporaria de aranceles a la importación, establecido por el Decreto N° 331/17 y sus respectivas prórrogas.

En este escenario, en 2021 el Ministerio de Desarrollo Productivo desarrolló un proyecto de ley para la promoción de la movilidad sustentable, la cual ofrece un punto de partida sobre el cual discutir los incentivos adecuados para iniciar la transición. No obstante, la iniciativa aún no se aprobó.

Al respecto, el documento detalla: “Es imprescindible que esta temática se desarrolle a partir de una mesa de trabajo conjunta entre el Estado nacional y las provincias (…), con vistas a definir una estrategia consensuada que derive en la creación de instrumentos concretos de promoción (…)”.

Y prosigue: “En términos de mercado latinoamericano, el principal impulso proviene del recambio de la flota de transporte público y, en menor medida, la flota de taxis. Asimismo, el paulatino crecimiento del aún incipiente mercado de electromovilidad regional, con foco en la demanda de vehículos híbridos, puede ser un punto de inserción para el entramado productivo argentino”.

Por otra parte, como estrategia de corto plazo se recomienda reforzar cuatro variables esenciales para la constitución del mercado local.

La primera se vincula a la demanda de autos eléctricos, que en el corto plazo supone sostener la ventana de importación con arancel cero o reducido.

Se indica que, debido al alto costo de las unidades, debe negociarse con las terminales una sustitución del cupo de importación de vehículos de lujo por electrificados.

La segunda tiene que ver con garantizar una red mínima de cargadores con foco en los principales centros urbanos, considerando el uso de autos eléctricos para distancias acotadas.

La tercera se relaciona con la hoja de ruta de la electromovilidad, ya que se deben establecer objetivos de política pública respecto al porcentaje de penetración del parque electrificado en el tiempo, de desarrollo de la cadena de valor y metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La cuarta está vinculada a la gobernanza de recursos naturales, ya que para avanzar en la cadena del litio y generar mayores capacidades en la producción nacional para la electromovilidad se requiere de una fuerte coordinación interjurisdiccional, interministerial y público-privada.

Lo cierto es que se propone avanzar gradualmente en la producción nacional de baterías de litio, apuntando a generar economías de escala.

Proyecto 5: políticas para la promoción de la micromovilidad

El despliegue de los vehículos de bajo porte y velocidad cobran cada vez más interés en el país.

A pesar de que “por sí mismos no constituyen segmentos de especialización de gran relevancia para una transformación del perfil productivo local”, el documento indica que “pueden movilizar capacidades técnicas e institucionales necesarias para asistir a proyectos productivos de mayor magnitud e impacto”.

En efecto, es necesaria una estrecha colaboración entre la iniciativa público-privada, sobre todo en el ejercicio de compras públicas para garantizar un piso mínimo de demanda y creación de mercado.

Una política a considerar tiene que ver con un programa orientado a municipios que busquen crear una infraestructura de movilidad compartida basada en fabricación nacional de soluciones de micromovilidad.

El mismo podría tener como herramienta un subsidio de tasa de interés financiado, por ejemplo, por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) u otro instrumento.

No obstante, se refuerza el argumento que la creación de una escala mínima de mercado para vehículos requiere incrementar la oferta en circulación y la infraestructura de carga pública disponible.

Para aumentar la adopción de estas soluciones hacen falta incentivos a la demanda.

Por ejemplo, en 2021 el Ministerio de Desarrollo Productivo puso en marcha el Programa de Desarrollo Productivo Verde, que incluía una línea de financiamiento entre el FONDEP y el Banco Nación a tasa conveniente para la compra de bicicletas eléctricas de fabricación nacional.

Pero, a la hora de la implementación, aparecieron demoras debido a que muchas de las empresas oferentes no contaban con la norma IRAM 60.020 (de certificación de seguridad en bicicletas).

Sin embargo, a lo largo del 2022 ese problema se fue subsanando, de modo que las condiciones actualmente están dadas para el relanzamiento de la iniciativa.