En España, la red de cargadores públicos para vehículos eléctricos crece a un ritmo considerablemente lento. A pesar de que existe una voluntad por parte del Gobierno de ampliar los puntos de recarga eléctrica en el espacio público, la realidad es que la infraestructura sigue siendo insuficiente.

El pasado mes de enero entró en vigor la normativa que establece la obligatoriedad de instalar una estación de carga para vehículos eléctricos por cada 40 plazas de aparcamiento público, una medida que no solamente afecta a garajes públicos, sino también a espacios semipúblicos como restaurantes, hoteles, gasolineras y centros comerciales.

Sin embargo, y pese al reglamento, existe una gran reticencia por parte de los propietarios de este tipo de aparcamientos, que consideran que se trata de una inversión desmesurada y sin retorno.

Esto sucede, en parte, por la gran desinformación que existe acerca del verdadero coste de instalación de un cargador eléctrico.

En la gran mayoría de casos, la inversión está muy por debajo de los beneficios que podrían obtener los propietarios de espacios semi-públicos si atrajesen a los usuarios de vehículos eléctricos a sus negocios.

Así, la instalación de puntos de recarga en este tipo de espacios podría convertirse en un win-win para todos los implicados.

Por una parte, los usuarios de vehículos eléctricos dispondrían de más puntos de carga, un hecho que, a su vez, fomentaría la movilidad eléctrica; y, por otro lado, los restaurantes, hoteles, gasolineras o centros comerciales, atraerían a un público más amplio.

Aun así, aunque cualquier avance en este sentido siempre es bienvenido, aumentar la red de puntos de carga sigue siendo insuficiente. La realidad es que la deficiencia de la red de carga no es solo cosa de volumen, sino que también tiene que ver con la falta de velocidad en la recarga.

Por ello, es esencial acelerar el desarrollo de la infraestructura pública en estos dos aspectos, sumando más puntos de carga rápida en nuestras carreteras y ciudades. Para realmente acelerar el cambio, el país debe disponer de una red que sea amplia y de calidad.

Y esto también pasa por mejorar la potencia de los cargadores disponibles. Actualmente, la mayoría de los cargadores instalados en la vía pública tiene una potencia muy baja.

Concretamente, según los datos del último Barómetro de la electro-movilidad presentado por Anfac (la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), sólo el 17% de la infraestructura de puntos de carga de acceso público en España tiene una potencia superior a los 22 kW.

Esto significa que, en la mayoría de los casos, cuando un usuario va a cargar su vehículo eléctrico en un espacio público el tiempo de carga será, como mínimo, de tres horas.

Esto demuestra que, aunque contar con más puntos de carga en espacios públicos fomentará en parte el uso del vehículo eléctrico por parte de la población, todavía queda un camino muy largo por recorrer. Por lo que es importante que, además de acelerar la instalación de carga en las zonas definidas por la nueva ley, se invierta en la infraestructura de puntos públicos de recarga rápida en las carreteras y zonas urbanas.

Paralelamente, es indispensable que se continúe trabajando en las ventajas fiscales para incentivar la compra de este tipo de vehículos, como la deducción del IVA o la exención del impuesto de circulación, además de crear soluciones de carga inteligente que se ajusten a las necesidades de cada consumidor.