La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) ha hecho público el documento titulado “Recomendaciones para una Política Nacional de Electromovilidad en México”.

Esta hoja de ruta se suma a las dos planteadas desde el sector público: la de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

La segunda se titula Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME).

El sector privado ha participado de los procesos de formulación de ambas y ha comunicado discrepancias con la segunda en relación a la factibilidad de los objetivos, entre otros puntos.

Para aportar a la transición que enfrenta la industria y el sector del transporte en general, la dirigencia de la industria automotriz en México ha formulado su propia estrategia.

Allí, el estudio elaborado por el despacho internacional Frost & Sullivan describe las siguientes recomendaciones para las tres áreas principales del sector: la producción, el consumo y la infraestructura de carga.

¿Cuáles son los puntos a tratar para la industria automotriz en México?

En relación a la producción, México se constituye como uno de los países de la región que mayor penetración de inversiones en electromovilidad en los últimos meses.

Al mismo tiempo, se posiciona como el cuarto país a nivel global en términos de confección de rodados. Su producción anual alcanza los dos millones de vehículos y la gran parte es exportada al mercado estadounidense.

Particularmente Nuevo León es un Estado que promete convertirse en un “hub de electromovilidad” con mega factorías como la de Tesla, pero también con compañías asiáticas y europeas.

Asimismo, el Gobierno Federal alista incentivos en esta materia para aplicar en el Plan Sonora.

Esta iniciativa busca explotar el litio de los yacimientos y fabricar baterías y vehículos eléctricos.

A su vez, el corredor interoceánico Istmo Tehuantepec también recibirá beneficios fiscales y no fiscales para la producción de vehículos eléctricos o insumos referidos.

En relación a este aspecto, desde el sector privado se recomiendan las siguientes acciones:

• Incentivos fiscales para plantas de vehículos electrificados.
• Incentivos administrativos.
• Disponibilidad de energías limpias.
• Desarrollo de capital humano.

Vale mencionar que la disponibilidad de energías limpias podría ser aportada por la planta fotovoltaica que se desarrolla en Sonora.

La misma apunta a producir ocho gigawatts anualmente.

Aún así, los expertos conservan dudas sobre la capacidad de esta planta de abastecer la demanda de energías renovables para la electromovilidad.

Leer más: Plan Sonora: ¿Alcanza la estrategia energética de AMLO para abastecer a la electromovilidad? 

Por otra parte, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se apunta a generar articulaciones con la academia  para reforzar el capital humano en esta transición.

Para ello se encuentra impulsando mesas para la implementación de su propia hoja de ruta de carácter binacional con Estados Unidos.

En relación al consumo, el material confeccionado por Frost & Sullivan indica que para la incentivar la compra de estos vehículos es necesaria la aplicación de los siguiente puntos:

• Norma para disposición de baterías
• Deducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
• Disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) .
• Créditos fiscales para empresas que inviertan en vehículos eléctricos e infraestructura de carga.
• Descuentos en carreteras federales .
• Exención del parquímetro.
• Electrificación de flotas públicas.

Inclusive se establecen horizontes comparativos entre la aplicación de estas políticas y su no aplicación.

El cálculo indica que de incorporarse estas medidas, hacia 2030 podrían circular en México 645.325 vehículos electrificados.

A su vez, la penetración porcentual sobre el total del parque sería del 39%.

Evolución de ventas de vehículos eléctricos en México aplicando las recomendaciones propuestas.

De no hacerlo, la cifra alcanzaría las 316.856 unidades y la representación del 19% sobre el total de tecnologías.

Cabe recordar que el primer plazo la ENME implica la introducción de siete millones de vehículos ligeros y 338.000 vehículos pesados en el periodo de 2022 a 2030.

En el segundo (2040), de 22 millones de vehículos ligeros y 894.000 vehículos pesados y el tercero (2050) de 31 millones de vehículos ligeros y 987.000 vehículos pesados.

Para el 2024 se estima que la aplicación de estas políticas podrían significar 122.414 ventas contra 75.026 registros de no emplear incentivos.

Vale mencionar en este punto que en México el  es responsable de alrededor del 25% de las emisiones del país

En noviembre de 2022, el gobierno mexicano firmó un nuevo compromiso en la Cumbre Climática realizada en Egipto (COP27).

Allí se comprometió a reducir las emisiones hasta en un 35% para 2030, y a convertirse en un país neutral en carbono para 2050.

Esto significa, dejar de emitir aproximadamente 297 millones de toneladas de carbono en 2030.

En vínculo con ello, desde las recomendaciones de la industria automotriz se concluye que “de no haber una política y estrategia para la promoción de vehículos eléctricos, que incluya un esquema de incentivos que afecte directamente el precio de los vehículos, difícilmente se lograrán alcanzar las metas de reducción de emisiones y los compromisos internacionales adquiridos por el gobierno mexicano”.

Siguiendo en los ejes tratados, sobre la infraestructura de carga el informe expresa:

“Si bien México, es el país con mayor número de puntos de carga en América Latina, existe una necesidad importante de incrementar el número de estaciones de carga, para lograr una mayor adopción de vehículos eléctricos”.

En ese sentido, calcula cerca de 1.336 estaciones de carga pública o semipública, con un total de 3.206 conectores. Esto significa un promedio de 2.4 conectores por estación.

La mayoría de las estaciones tiene conectores de corriente alterna, es decir, carga semi-rápida en los que, en promedio, un vehículo eléctrico tarda entre cuatro y cinco horas para alcanzar la carga completa.

“Los consumidores tienen un tiempo considerable de espera para poder hacer recorridos de más de 360 km, que es el promedio de rango de los vehículos eléctricos disponibles actualmente en el mercado mexicano”, explican desde Frost & Sullivan.

Para robustecer la red de carga, desde AMIA consideran que deben implementarse los siguientes puntos:

• Norma de cargadores y conectores.
• Censo de estaciones por parte de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
• Lineamientos de cobro para la energía.
• Reglamento de nuevas construcciones.
• Incentivos administrativos y fiscales.
• Disposición de energías limpias.

Respecto a los dos primeros puntos, coinciden con los objetivos trazados por la cancillería mexicana para buscar un estándar de carga adaptado a las necesidades regionales y censar la red de carga existente.