Marco Camacho, director general de Política de Ingresos Públicos, junto a Juan Pichihua, viceministro de Economía y Finanzas (MEF), expresaron críticas al proyecto “Ley de Promoción y Fomento a la Electromovilidad»:

Se dio en el marco de la sesión de la Comisión de Economía del Congreso.

“El MEF está de acuerdo con promover un transporte sostenible que genere la menor contaminación posible. No obstante, la propuesta de dictamen es costosa, regresiva y poco efectiva”, sostiene Camacho.

Y agrega: «¿Qué tiene este dictamen? Da beneficios tributarios por 10 años, es costoso, cuesta $ 20 mil millones; da beneficios a vehículos particulares, y es poco efectivo porque no focaliza los principales contaminantes y no toma en cuenta la congestión vehicular».

Sobre la política hacia la movilidad eléctrica, desde el ejecutivo argumentan que sería más beneficioso centrarse en el transporte público ya que más del 95% de la población se transporta en este tipo de movilidad.

Por otro lado, explican que hay que disminuir la presencia de vehículos en las calles para evitar la congestión.

“No tenemos que promover el transporte particular, sino el transporte público”, indica Camacho.

A su vez, desde el MEF reconocen un “cambio tecnológico ambiental mundial” en la adopción de vehículos eléctricos. Sin embargo, no acuerdan otorgar beneficios tributarios ya que “la industria lo va a hacer”.

Se refiere a la posición que el MEF ya había tomado cuando afirmó que “es innecesario promover que particulares adquieran vehículos eléctricos en Perú”.

La cartera argumenta que grandes automotrices (Volkswagen, Ford, Volvo, BMW, Mercedes Benz y otras) han señalado que en el corto y mediano plazo van a producir sólo vehículos eléctricos y sin combustión interna.

“Es innecesario promover que los particulares adquieran vehículos eléctricos porque en pocos años la única oferta será de autos eléctricos”, asevera Miryam Yeses, directora de Inteligencia Económica, también ante el Congreso.

Y agrega: “OCDE hizo una evaluación junto a la CEPAL en el año 2015. Allí dijo que hay que invertir en el diseño de un transporte que evite la utilización del automóvil. Esta es la primera medida indicada”.

¿Qué leyes se tramitan en el congreso para la electromovilidad?

Según distintas fuentes, son más de diez los proyectos que actualmente cuentan con tratamiento legislativo. Según pudo confirmar el presidente de AEDIVE Perú, Adolfo Rojas, a Portal Movilidad, son dos los que avanzan.

En su totalidad, todos tienen en común la búsqueda de incentivos fiscales para distintas actividades vinculadas a los vehículos eléctricos

Concretamente, las medidas implican exonerar temporalmente la venta de los vehículos de energías limpias o cero emisiones del impuesto general a las ventas (IGV) y el impuesto selectivo al consumo (ISC).

También sobre reducir la tasa del impuesto a la renta y otros beneficios asociados a la determinación de la base imponible para el pago de dicho impuesto de personas jurídicas.

Otro denominador es la exoneración temporal a los propietarios de vehículos con energías limpias del impuesto al patrimonio vehicular (IPV). Inclusive declarar la inafectación de dicho impuesto para los vehículos eléctricos.

A su vez, los proyectos de ley buscan exonerar en menor medida a los vehículos híbridos. Según Yepes, esto es cuestionable ya que se sigue incentivando el uso de combustibles.

Con respecto a los beneficios tributarios a las “empresas beneficiarias”, el MEF se posiciona en contra.

“No se comprende la racionalidad de dar beneficios tributarios a las empresas, si lo que se desea es promover las inversiones en electromovilidad”, afirman desde la cartera.

Y agregan: “Como está redactado en los proyectos, se otorgarían beneficios a empresas que no cuentan con actividad exclusiva de electromovilidad, como centros comerciales o concesionarias con un solo vehículo eléctrico en oferta”.

Esta posición se fundamenta en que “se ha comprobado que los períodos de exoneración son ineficientes”.

Respecto a los proyectos en trámite, uno de ellos fue modificado en los últimos días por la Comisión de Energía y Minas, quitando esencialmente los incentivos fiscales.

La reformulación implicó una “reformulación y reestructuración” del proyecto original. El mismo, tendrá el nombre de “Ley de Fomento a la Electromovilidad”.La misma considera siete capítulos en los que se tratan los siguientes puntos:

• Que el ámbito de aplicación de la norma sea para todas las entidades públicas y empresas que prestan servicios de transporte terrestre público y privado.
• Las entidades y empresas públicas que requieran adquirir vehículos o renovar lo deberán hacerlo con vehículos con eficiencia energética, considerando a los vehículos eléctricos.
• Disponer facilidades para la carga de vehículos en estacionamientos privados y el sector público. Regular la carga residencial y homologar los cargadores.
• Supervisar la infraestructura de carga.
• Regular el registro de contratistas de infraestructura y estaciones.