Las estaciones de carga para vehículos eléctricos se están abriendo paso a través de toda América Latina, llenando las brechas de la red de recarga y facilitando la adopción de los vehículos eléctricos (EV).

Sin embargo, aún queda mucho camino que recorrer si de verdad se quiere consolidar un compromiso genuino con la transición a una movilidad sostenible.

Patricia Baires, Latam Business Development Manager de Blink Charging.

Un compromiso que venga no solo de la empresa privada sino también de los gobiernos nacionales y locales.

En muchos de los países latinoamericanos, se maneja un discurso ampliamente a favor de la transición a la movilidad eléctrica, y las empresas privadas han hecho una gran labor electrificando sus flotas.

Sin embargo, en muchos casos la atención se ha puesto sobre todo en incentivar la adquisición de vehículos eléctricos (EVs), dejando de lado los incentivos a la infraestructura de carga; un factor crítico para el progreso en esta materia.

Para acelerar la transición, se necesita que las oficinas y agencias gubernamentales en todos los niveles lideren con el ejemplo, tanto electrificando sus flotas, invirtiendo en la ampliación de la red de carga de acceso público y apoyando incentivos tributarios y la ejecución de leyes que favorezcan la instalación de infraestructura de carga.

Muchos gobiernos tienen iniciativas de sostenibilidad y comités medioambientales que trabajan para reducir la contaminación y promover políticas respetuosas con el medio ambiente.

Cambiar a una flota eléctrica, instalar cargadores en el lugar de trabajo para los empleados de la administración y añadir estaciones de carga a los estacionamientos públicos puede apoyar en gran medida sus iniciativas de sostenibilidad y servir de ejemplo para la comunidad.

El World Resources Institute, una organización no gubernamental a nivel mundial, a través de su especialista en energías limpias, Andrew Light, sugiere que los ayuntamientos realicen un análisis de sus flotas (incluyendo vehículos policiales, trasportes públicos prestado con buses y microbuses, flotas varias de servicios a la población), así como de sus edificios.

El objetivo es discernir qué vehículos podrían ser reemplazados por vehículos eléctricos y dónde sería factible instalar estaciones de carga.

Añadir estaciones de recarga de vehículos eléctricos también ayudará a atraer empresas con mentalidad sostenible a su comunidad, y animará a los propietarios de las empresas existentes a adoptar la sostenibilidad.

Adicional a esto, los gobiernos latinoamericanos también querrían promover la instalación de cargadores de vehículos eléctricos en las diferentes ciudades para ayudar a esas comunidades en la transición a los vehículos eléctricos.

En países como Estados Unidos, gracias a los programas de financiación federal para la instalación de infraestructuras de carga de vehículos eléctricos, se tienen opciones para obtener ayudas para la adquisición e instalación de EVSE.

Esto ha colaborado en el desarrollo de una sólida red de carga para el beneficio de los conductores, la economía, y, sobre todo, el medio ambiente.

Los esfuerzos en legislación que hemos presenciado en los últimos años en Latinoamérica, sin duda son pasos en la dirección correcta que, desde la empresa privada y organizaciones sin ánimo de lucro, debemos seguir apoyando e impulsando para lograr una transición a la movilidad eléctrica.

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