“Tal vez sea mejor que nos olvidemos del estándar Euro 7 que va a costar dinero innecesario a nuestros fabricantes”, lanzó Bruno Le Maire, el ministro de finanzas de Francia.

La declaración la hizo en la inauguración de la gigafábrica de baterías de Automotive Cell Company (ACC), una empresa conjunta entre Stellantis, Mercedes-Benz y TotalEnergies, a través de su filial Saft.

Palabras tan contundentes en dicho evento no son casualidad.

El gobierno francés viene liderando un plan para reindustrializar el país y tomar el timón de la producción de los suministros necesarios en el futuro de la movilidad.

Francia comenzaría a producir baterías de alto rendimiento para vehículos eléctricos, un proyecto que se enmarca en la necesidad de cortar la dependencia con los productos asiáticos.

“Necesitamos invertir en las tecnologías del mañana, no en las de ayer” manifestó Le Maire.

Y agregó: “Necesitamos ser los mejores en vehículos eléctricos, no gastar dinero en estándares que ni China ni los Estados Unidos imponen a sus constructores”.

Con ello hizo referencia a la normativa Euro 7, que establece que los países miembros de la Unión Europea reduzcan las emisiones de los vehículos de motor cada determinados períodos.

Para 2025 las reducciones deberán reducirse un 45%.

Esto implica modificaciones técnicas de un coste tan significativo que varías empresas anunciaron que dejarán de producir algunos de sus modelos.

La Euro 7, sumada a la prohibición de vehículos a combustión para 2035, no fue bien recibida por los fabricantes.

La mayor crítica que realizan está vinculada a la exigencia de llevar dos líneas de inversión simultánea; una que estará prohibida y otra que es muy costosa.

Luca de Meo, CEO de Renault, y Carlos Tavares, CEO de Stellantis, sostienen que la aplicación del Euro 7 hará subir el precio de los coches hasta un 30%.

Son nueve los países europeos han declarado su oposición a la normativa: Francia, Italia, Alemania, República Checa, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.

El ministro francés planteó que Estados Unidos y la Ley de Reducción de la Inflación ofrecen condiciones muy atractivas para los industriales europeos.

“Si no queremos una hemorragia industrial de Europa a Estados Unidos, debemos establecer un IRA europeo que defienda incansablemente nuestros intereses”, declaró.

En esta línea, puso como ejemplo a imitar la medida francesa para desalentar las ayudas estatales a fabricantes extranjeros.

Alentó a que se vean estrategias conjuntas entre los países miembros en pos de proteger “nuestras industrias, trabajadores, tecnologías, y nuestro atractivo”.

Y remató: “Todo ello supone que luchemos tanto a nivel europeo como nacional para continuar esta batalla de reindustrialización”.

Autoridades en la inauguración de la gigafábrica de ACC.

La gigafábrica francesa

Automotive Cell Company (ACC) lleva tres años en el mercado. Es una empresa conjunta entre Stellantis, Mercedes-Benz y Saft, que es propiedad de TotalEnergies.

Posee un centro de I+D en funcionamiento desde 2020 en Brujas, y una planta piloto en Nersac, en la región de Nueva Aquitania.

Esta semana, inauguraron su primera gigafábrica en Francia, en Billy-Berclau/Douvrin. El proyecto supuso una inversión de 850 millones de euros.

Allí se producirán celdas y módulos de baterías de iones de litio. La primera línea de producción posee una capacidad de más de 13 GWh.

Para 2030 se pretende que la capacidad alcance los 40 GWh en y que se creen 2.000 puestos de trabajo.

Europa y Francia están en la búsqueda de ponerse al día con el gigante asiático.

Aún con la construcción de gigafabricas, queda ver el abastecimiento de materias primas necesarias como litio, cobalto, níquel: toda una cadena de valor en manos chinas.

El proteccionismo francés

El Gobierno Francés presentó al Consejo de Ministros un proyecto de ley para reformar las ayudas económicas concedidas para la compra de coches eléctricos.

La misma afectará a los fabricantes extranjeros, cuyas comercializaciones serán expresamente desalentadas.

El documento establece que los incentivos estatales serán dirigidos para aquellas empresas que cumplan determinados estándares de contaminación mediante el análisis de toda la huella ambiental.

Bruno Le Maire explicita que las medidas propuestas llevarán a reservar la bonificación para los vehículos producidos en Europa.

En este sentido declara: “Los coches eléctricos fabricados en nuestro continente emiten de media un 45% menos que los vehículos producidos fuera de él. Además, no pretendemos financiar públicamente el desarrollo de fábricas en Asia”.

Así, con el fundamento de cuidar el parque nacional de vehículos producidos con materiales no sostenibles, se desalienta la compra coches de asiáticos o de marcas que los importen de esa región, como es el caso de Tesla.

La medida ya ha recibido críticas por su carácter proteccionista. Sin embargo, la respuesta es que buscan resolver un “triple desafío de soberanía, sostenibilidad y prosperidad”.

Hay que ver si todas las fábricas de automóviles europeas podrán cumplir los criterios de emisión franceses.

Considerando que la propuesta desestima a aquellos fabricantes que emiten en el transporte de sus productos y que proceden de países donde la generación de energía depende del carbón, en Alemania estarían mirando de reojo la medida.