La transición hacia la movilidad eléctrica presenta grandes desafíos y, si hablamos de países en desarrollo, como es el caso de América Latina, la cuestión se vuelve más compleja.  

Es en ese contexto donde la cooperación internacional emerge como una aliada central para impulsar la transformación hacia un camino cero emisiones.

En conversación con Mobility Portal Latinoamérica, Lorena Aristizabal Guerra, experta en cooperación y relacionamiento internacional para el desarrollo sostenible, resalta que la cooperación internacional no solo facilita la transferencia de tecnología y conocimiento, sino que también promueve la innovación, institucionaliza procesos y genera confianza en las inversiones necesarias para esta transición.

“La transición no es barata ni fácil de hacer, pero para generar un ambiente político pertinente es necesario desarrollar innovaciones jurídicas e innovaciones técnicas”, enfatiza sobre el rol de los cooperantes.

Cumplen un papel fundamental en apoyar y generar innovaciones que para las organizaciones públicas son difíciles debido a temas de urgencia y disponibilidad presupuestaria en el sector de la movilidad.

“Son voces externas con experiencia técnica y criterio internacional, que nos ayudan a ser validadores de los planes políticos y programas. Le dan confianza a los ciudadanos y al sector privado de que los pasos que se están dando son los adecuados”, agrega.

No solo se trata de cooperación bilateral, también de intercambio de conocimiento. La sólida relación entre Latinoamérica y Europa es un motor clave en este proceso de transición a vehículos eléctricos.

Según la experta en desarrollo sostenible, los países europeos, especialmente el Reino Unido, fueron determinantes al compartir sus experiencias y conocimientos en materia de movilidad eléctrica. 

Esta transferencia de conocimientos se realiza de manera informada y contextualizada, reconociendo las particularidades de cada territorio.

«Reino Unido fue central en la transferencia tecnológica y en el apoyo financiero para proyectos de electromovilidad en Latinoamérica, como los buses eléctricos de Colombia», destaca.

Asimismo, organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) permiten fortalecer las capacidades de los países latinoamericanos en este ámbito.

Trabajan en colaboración con diversos países de la región para identificar y promover soluciones innovadoras en movilidad eléctrica, aprovechando los conocimientos locales y regionales.

El BID promueve el desarrollo de la electromovilidad con acciones asociadas al impacto social de la gestión de la movilidad.

“Las intervenciones en sostenibilidad no son exclusivamente vinculadas a la mitigación y adaptación al cambio climático. Tiene que tener una visión integral de la sostenibilidad que también conecte el componente social”, explica.

En ese sentido, Guerra resalta la importancia de la cooperación triangular, una herramienta poco explorada pero valiosa para casos como este. 

«Lo que pudimos aprender de experiencias como la de Panamá y Chile es sumamente valioso”, señala con respecto a las redes entre ciudades, sobre todo en temas de operadores de transporte público.

“Aprender de las experiencias cercanas a nosotros es fundamental en la promoción de la electromovilidad en Latinoamérica”, agrega.

Empleos verdes y la electromovilidad como oportunidad para achicar la brecha de género

«Cualquier acción en el marco del desarrollo sostenible es una oportunidad para trabajar en beneficio de la protección de los derechos humanos y la búsqueda de la equidad», afirma Guerra. 

Es que, los sectores emergentes, como la electromovilidad, tienen el potencial de transformar la forma en que las personas se relacionan con su entorno y  representan una oportunidad para generar condiciones de equidad que tradicionalmente no se consideraban.

La innovación y la apertura de nuevos sectores tecnológicos pueden fomentar la inclusión de todas las personas en la industria de la movilidad eléctrica.

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Tal como explica Guerra: «Con la innovación y la apertura de nuevos sectores tecnológicos, se abre la oportunidad de trabajo y de ampliación de sectores».

«La inclusión de todas las personas en estos sectores debe ser la base. Este es el momento de romper con esos estereotipos“, recalca sin dejar de mencionar la importancia de la capacitación y la formación para sortear las barreras existentes.

De eso se tratan los empleos verdes: generan un menor impacto ambiental y son socialmente inclusivos.

Aristizabal Guerra considera que lograr esta inclusión efectiva requiere un “fuerte proceso base de inversión pública”, donde los actores internacionales desempeñan un papel central al financiar estas iniciativas.

La equidad no se limita a la oferta paritaria de empleos, también implica asegurar que las personas puedan acceder y mantenerse en sus puestos de trabajo.

«No podemos desconocer que no existen empleos si no hay un mercado de sostenibilidad», comenta. 

Por eso, el rol principal de los Estados es generar normas y escenarios propicios de competitividad y libertad de mercado para que surjan estas iniciativas.

«A medida que avanzamos en el mercado de la sostenibilidad y hacemos la transición a transportes sostenibles, generamos más empleo”, finaliza.