Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, marca su posición ante la Euro 7.

La medida establecida por la Comisión Europea suspenderá la fabricación de coches a combustión de forma progresiva hasta 2035; año en que el cese será definitivo.

El sector de la automoción para Castilla y León significa un 22% de su Producto Interior Bruto (PIB).

Además genera alrededor de 35.000 empleos directos y 70.000 indirectos.

“No hay tiempo para aplicar esta medida como la Unión Europea tiene previsto”, considera el funcionario.

La aplicación de la misma implica diseñar nuevos vehículos que cumplan con la normativa, desarrollarlos, ponerlos a prueba y homologarlos antes de 2035.

“Es decir que es una normativa que nace condenada al fracaso”, declara García – Gallardo.

Sostiene que la responsabilidad del gobierno es defender los interés de la industria, de los trabajadores y de los consumidores que se ven perjudicados.

Comparte que las fábricas de Nissan, Renault e Iveco ubicadas en la Comunidad Autónoma miran con preocupación la medida.

En esta línea plantea: “¿En qué beneficia a los ciudadanos de Castilla y León esta transición forzada, acelerada e imposible?”.

El vicepresidente no duda que la Euro 7 será una «auténtica catástrofe» para el sector del automóvil.

Euro 7 para Europa ¿Y para el resto?

La crítica de García-Gallardo a la Euro 7 no se limita al efecto negativo que tendrá en la comunidad de Castilla y León.

El dirigente de Vox asegura por un lado que la medida afecta principalmente a la clase trabajadora europea, que no es responsable de la crisis climática.

Por otro lado, argumenta que una norma tan estricta no tiene sentido si en paralelo en China, India e Indonesia se arrojan miles de toneladas de plástico al mar.

Adriano Mones Bayo, presidente de AEDIVE.

Hace unos meses el presidente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), Adriano Mones Bayo, se refirió a esta situación.

“Europa se ha empeñado en establecer una serie de metas para que la fabricación genere el menor impacto ambiental posible, mientras que en China no se trabaja de la misma forma”, opinó.

Y sostuvo: “No podemos permitir un dumping medioambiental, hay que tomar medidas al respecto”.

La falta de estándares y control en la contaminación de toda la cadena productiva de los automóviles es un beneficio en el coste para la industria china.

De esta forma produce más y habilita vehículos más asequibles para la venta.

“Si en otras partes del mundo no se juega esta partida con las mismas reglas, habrá que cambiarlas, y así poder mantener una relación de intercambio de igual a igual”, sostiene el presidente de AEDIVE.

Por su parte, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) ha advertido de que la propuesta actual de la normativa afecta mucho más a España que a otros países fabricantes.

Esto se debe a que las plantas nacionales están especializadas en vehículos pequeños y medianos, cuya demanda es más sensible al precio y que se verían más impactados por el encarecimiento.

La asociación considera que de avanzar la propuesta podría haber cierres de fábricas y pérdidas de empleo en el país como en la Unión Europea.