La transición a la electromovilidad está avanzando a la par de los planes del Gobierno español de alcanzar una eficiencia energética, propulsados en el marco de la invasión rusa a Ucrania.
Es así, que lo por medio de una dotación adicional de mil millones de euros reforzarán los planes para reducir la dependencia de combustibles fósiles e impulsar las energías renovables, la generación distribuida, el almacenamiento energético y también la movilidad sostenible.
Frente a esto, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica ha recomendado fórmulas, complementarias a las vigentes, para apoyar al sector en este proceso.
Una de las primeras propuesta es la concesión de ayudas directas a la compra de coches eléctricos.
“Por qué no estudiar propuestas como la que se trabaja en Francia para implementar un renting social que ofrezca una cuota mensual, todo incluido, muy asequible para que las familias cuyo poder adquisitivo se va a ver agravado por la situación económica”, detalla en este sentido el director general de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucía González.
Estas medidas podrías ser abordadas de manera conjunta con la asesoría de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), quienes en diversas ocasiones se ha abierto al diálogo en pos de formular propuestas razonables para el sector.
Tal es el modo que el director de la asociación, José-Martín Castro Acebes, en diálogo con Portal Movilidad España, expresa que el renting “está ayudando mucho al proceso de electrificación”.
Las cifras marcan que este producto es uno de los que impulsa la electrificación, ya que uno de cada tres automoviles eléctricos entran por el renting en el mercado.
De igual manera, hay situaciones que detienen el crecimiento del renting de eléctricos, como puede ser la situación de desconocimiento de los clientes.
“España es un país donde todavía hay mucho desconocimiento de si conviene o no un eléctrico y de cuáles son los modelos con los que cuentan las compañías”, explica Castro Acebes.
Asimismo, otro de los puntos que se propone es el fomento del uso de la movilidad eléctrica compartida a la par del lanzamiento de una estrategia de achatarramiento de coches a combustión avejentados.
Un claro ejemplo de esto es la medida aplicada por la Comunidad de Madrid, la cual fomenta un «achatarramiento por kilómetros». Por medio de esta acción se le ofrece dinero por achatarrar, el cual puede ser utilizado en servicios de movilidad compartida.
“Creemos que es un buen enfoque que ayudaría a ampliar estos servicios a otras ciudades, al menos a las 149 que habrán de implementar Zonas de Bajas Emisiones en 2023”, comenta Pérez de Lucía en uno de sus últimos posteos en LinkedIn.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes deban establecer este tipo de delimitaciones.
Desde ese momento los diferentes ayuntamientos se hacen cargo de implementarlos a su medida, lo que genera un problema debido a que estas no son estandarizadas a nivel nacional.
Ahora, la nueva ley de movilidad sostenible llegará para hacer de esta una tarea mucho más fácil, lo cual motiva a que nuevos operadores de movilidad compartida busquen desembarcar en estas regiones.
Finalmente, otro de los puntos a tener en cuenta es el impulso de las motocicletas eléctricas y los cuatriciclos pesados, que “están llamados a jugar un papel crucial en la movilidad urbana y cuentan en España con una industria comprometida”.
Pese a esto, el sector ha llamado la atención para que se reduzca el IVA a nuevos vehículos eléctricos como solución a las demoras del Plan Moves.
Existe ya una propuesta realizada al Gobierno central por parte de las patronales para que los nuevos propietarios de coches eléctricos no tengan que abonar el Impuesto de Circulación y el IVA, o que por lo menos la tasa sea inferior.
El objetivo que plantean desde el sector del automóvil es sustituir este impuesto por uno basado en las emisiones de CO2 y en la antigüedad de los turismos y que se aplique de forma gradual, según la edad, cada año.
Es decir, que se prime la propiedad, no la compra. También proponen bonificaciones en función de la renta o si se reside en zonas de baja densidad de tráfico.
Finalmente, el cuarto punto abordado por el director general de AEDIVE es la “promoción de la regulación necesaria y ayudas que activen en España el retrofitting o transformación de combustión en eléctricos”.
Según expresa el ejecutivo, se trata de una industria que en países vecinos como Francia, Reino Unido o Italia ya cuenta con mucho recorrido, mientras que la España está sometida a reglas de homologación que hacen imposible la viabilidad económica asumir el reto.