En estos momentos el país cuenta con al menos 16.000 puntos de recarga que ya están operativos. Según el propio Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE) actualmente la administración general del Estado tiene constancia de 42.000 solicitudes para instalar.

Cuando los mismos puedan entrar en funcionamiento se podrá hasta triplicar el total actual, pero mientras tanto, el sector se encuentra a la espera de la burocracia española.

Esta realidad no ha escapado de los debates que se concretaron en la última cumbre virtual de Portal Movilidad España, donde empresas como Cepsa aseguraron que al menos 40% de los puntos públicos que están instalados, no pueden ponerse en ejecución porque aguardan la aprobación de algún permiso.

Con los 40 mil mencionados anteriormente, se estima que hay seis mil millones de euros en inversiones paralizadas. 

A lo largo de las conversaciones en vivo desplegadas por más de cuatro horas, los datos se fueron congregando y todos llevaron a un puerto común: la necesidad urgente de agilizar las tramitaciones con entidades públicas y empresas distribuidoras de energía eléctrica. 

Fue así donde se han presentado una serie de propuestas para dar con la ecuación perfecta para alcanzar la meta deseada.

Por su parte, Alejandro Rodríguez Teresa, E-Mobility Product Manager en Cepsa, comentaba: “Los trámites son demasiado tediosos, los permisos son excesivos y necesitamos más transparencia”.

Según indicaba el ejecutivo, las empresas nunca están realmente al tanto de la etapa que atraviesa su proyecto, lo que supone un problema a la hora de avanzar o no sobre determinada inversión. 

Es por ello que el establecimiento de un parámetro para plazos de respuestas para las diferentes entidades que forman parte del proceso de aprobación de un punto parecen vitales para avanzar sobre esta materia. 

Por otro lado, Wenea no se muestra ajena a esta problemática. Durante la participación de su CEO, Alberto Cantero ha notificado que de las 200 estaciones que están esperando respuesta del Ministerio de transportes, Movilidad y Agenda Urbana, uno de cada cinco proyectos son de su propiedad.

No solo ello, sino que a ese total se le suman otras 80 bloqueadas por otro tipo de trámites administrativos.

“Deberían imitarse modelos de países europeos que faciliten el despliegue de puntos de recarga, como es el caso de la ventanilla única de tramitación del Reino Unido”, sugiere en este marco el ejecutivo de Wenea. 

Mientras tanto, desde la óptica del diseño y la ingeniería también se ha dado nota de las demoras y dificultades que se enfrentan a la hora de presentar solicitudes los Ministerio de Transporte e Industria. 

En ambos casos la espera se puede extender entre los cinco y 14 meses aproximadamente.

Evectra de la mano de Sergi Garcia, su e-mobility Project Manager, planteaba el caso particular de las ubicaciones que se colocaban en zonas de autovías. 

“Muchas veces esos terrenos pueden estar expropiados a una entidad que desarrolla determinada actividad, sin embargo nos podemos encontrar con que el ayuntamiento de turno no es consciente de eso, lo que hace que avanzar con el papeleo pueda tardar mucho tiempo”, explica.