Colombia tiene varios documentos expedidos a nivel nacional que imponen metas en electromovilidad por el que todas las unidades regionales o locales quedan en obligación de cumplimentar.

Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME) invita a promover el ascenso tecnológico en las ciudades en segmentos como transporte público de pasajeros, taxis y los demás que se estimen convenientes, a través de los insumos resultantes de los estudios que se realicen para tal fin.

A otro nivel, la Ley 1964 obliga a garantizar porcentajes de flotas eléctricas en ciudades que cuenten con Sistemas de Transporte Masivo desde el 2025. Así también los municipios deben garantizar un cierto número de estaciones de carga rápida.

Así, uno de los proyectos de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad en Bogotá implica instalar 20 cargadores rápidos de acceso público este año, en cumplimiento de la Ley 1964 de 2019 y el Plan Distrital de Desarrollo.

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Sin embargo, Alimar Benítez, Directora de Inteligencia para la Movilidad de Secretaría Distrital de Movilidad, por su experiencia en Bogotá, sostiene:

“Se debería trabajar más en conjunto con el gobierno nacional sobre las metas que se trazan porque, por ejemplo, a pesar de que Bogotá es una ciudad grande, hemos tenido bastantes dificultades para lograr la meta”.

“Tenemos por plan de desarrollo veinte cargadores rápidos en la ciudad que vienen sin fuente de financiación”, explica aludiendo que el costo de los equipos es de más de $200 millones cada uno a lo que se suman los gastos de la instalación asociada.

Asimismo, propone: “Plantear metas a nivel nacional asociadas a este tipo de tecnologías que impulsarían la compra de vehículos eléctricos deberían también ir acompañadas por algunas fuentes de financiación”.

Y ejemplifica: “Si a Bogotá que maneja cierta posibilidad en términos de recurso se le hace difícil, para las ciudades pequeñas que también tienen un reto asociado debe ser mucho más complejo”.

No obstante, Benítez confirma que se está trabajando en la instalación de cargadores y en dejar adjudicada la meta con un proyecto que propone innovación en términos de financiación y es de aprovechamiento de espacio público.

Este último modelo, entienden las autoridades que funcionó muy bien con el sistema de bicicletas compartidas.

Se lleva adelante a través de un Contrato de Administración, Mantenimiento y Aprovechamiento Económico del Espacio Público (CAMEP) en predios fiscales del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), que actualmente tienen uso del parqueadero.

Política Pública Movilidad Motorizada Cero y Bajas

Bogotá tiene un plan de acción y documento técnico de Política Pública Movilidad Motorizada Cero y Bajas sobre la que esperaba una respuesta en los últimos días del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).

“Queremos que gradualmente mientras se vayan incorporando modos sostenibles de transporte en la ciudad también se vayan restringiendo los vehículos que queremos que migren a eléctricos”, sostiene Alimar Benítez en un evento de Semana.

Aunque cuestiona: “A 2040 tendríamos un montón de vehículos eléctricos y el mismo estacionamiento que no es la idea”.

Por otra parte, planteó la necesidad de que el Ministerio de Transporte se pronuncie sobre los taxis eléctricos porque se encuentra próximo a finalizar el piloto y se debería tomar la decisión de si continúan prestando el servicio de taxi o pasan a ser particular.

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“Seguiremos dando pasos en probar tecnologías que sean de cero emisiones que puedan llegar a funcionar”, afirma Benítez evocando el ejemplo de bus de hidrógeno de Transmilenio o los proyectos para electrificar la flota escolar.