Arturo Pérez de Lucia Gonzalez, director general de AEDIVE participó del evento “International e-Mobility Summit 2023” organizado por Portal Movilidad España.

El especialista, quién también es vicepresidente de la Asociación Europea de Electromovilidad (AVERE), compartió su mirada sobre las tendencias del sector en España.

El panel abordó el tema de la innovación tecnológica en el desarrollo de la infraestructura de recarga, y Pérez de Lucia no dudo en afirmar que la industria nacional es referente.

Resaltó la cantidad y calidad de los productos que se exportan desde el país, pero problematizó sobre los concursos públicos de infraestructura de recarga.

En ese sentido explicó que están pensados por el coste de unidad de cada punto, lo genera una competencia injusta para aquellos que presentan estándares de calidad más altos.

“Es complicado competir con puntos de recarga que están desarrollados con una sencillez y simplicidad que no se corresponde con un estándar de calidad de la actualidad”, declaró.

Para el especialista hay que trabajar para aportar desde la implementación de concursos públicos de infraestructura de recarga «el valor añadido en tecnología, competitividad y empleo«.

Consideró no se trata sólo de las ayudas económicas que puedan recibir los fabricantes sino también de que reciban el reconocimiento del mercado.

“España está teniendo un papel de liderazgo”, resaltó.

En relación a la cantidad de exportación que mencionó el director, cabe destacar que España exporta el 87% de los puntos de recarga fabricados en el país.

Acorde a los datos del último anuario publicado por AEDIVE, de 360.000 unidades fabricadas en 2022, 315.000 fueron vendidas al extranjero.

Estas cifras supusieron para la industria una facturación de 300 millones de euros.

De cara a 2023, las empresas españolas de fabricación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos estiman una producción de 480.000 unidades.

Las demoras: una crítica conjunta

El director de AEDIVE se refirió a las demoras en las instalaciones de puntos de recarga públicos.

Aseguró que la Secretaría de Estado de Energía está trabajando para agilizar las barreras presentes.

“El problema no es de falta de voluntad política sino de farragosidad regulatoria con tres capas de la administración pública: estatal, regional y local”, lanzó.

Cada una de las administraciones tienen competencias y capacidades que permiten acelerar, ralentizar o paralizar el despliegue de las infraestructuras de recarga.

Pérez de Lucia compartió que AEDIVE está trabajando con la Secretaria de Energía y el Ministerio de Transición Ecológica para derribar las barreras a nivel regulatorio.

Al mismo tiempo, la Asociación lleva a cabo una acción conjunta con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para abordar las infraestructuras de recarga públicas con las distribuidoras.

El especialista consideró que ello es un eje pendiente.

“Las distribuidoras también se enfrentarán a retos importantes y hay que buscar equilibrio para estar en el mismo nivel de competencia que otros países”, examinó.

En este sentido puso de ejemplo a Francia, dónde las distribuidoras comienza su trabajo apenas después de la instalación de la estructura de recarga.

“En España esto no es posible, y tampoco lo es conocer la disponibilidad de la potencia en un lugar determinado para poder implementar una infraestructura de recarga”, lamentó.

Explicó que hay un proceso de muchos meses para poder saber qué disponibilidad de potencia tiene ese emplazamiento antes de tomar decisiones como operador de recarga.

“En España el mercado eléctrico está en extremo regulado y hay que buscar todas esas sinergias para poder agilizar”, analizó

Sin embargo, el director de AEDIVE aseguró que se está avanzando y que próximamente habrá anuncios interesantes en pos de agilizar el despliegue de infraestructuras de recarga.

AEDIVE y la carga bidireccional

“Creo que hay necesidad de establecer condiciones para que los fabricantes de vehículos alcancen acuerdos para que la carga hábil bidireccional se produzca de forma eficiente”, comparte Perez de Lucía.

Asegura que su implementación permitirá aspectos como el autoconsumo y la reducción de costes económicos para reducir cargas energéticas en la red.

A la vez, habilitará a que esa carga se pueda gestionar por parte del usuario.

“Yo creo que ahí es donde está el reto regulatorio, de establecer una serie de criterios en los que se genere ese negocio en donde el usuario forme parte activa”, opina.