La Alianza Energética Germano-Chilena entró en funcionamiento en abril de 2019. Los socios son el Ministerio de Economía y Energía de Alemania (BMWi) y el Ministerio de Energía de Chile (ME). Esta Alianza,  tiene además una secretaría de tiempo completo en Santiago de Chile en la que GIZ es su órgano ejecutivo.

A partir de este trabajo en conjunto se realizaron los estudios y análisis presentados en la publicación “Prospection in Energy Digitalization in Chile”.

Si bien ofrece distintos ejes temáticos sobre los cuales se proyecta la aplicación de la digitalización energética, le dedica un espacio a la movilidad.

“La crisis climática ha generado una necesidad urgente de reducir las emisiones, con la conectividad se pueden desarrollar aplicaciones para sistemas de transporte avanzados como: monitorización remota de flotas, sistemas de coordinación basados en las comunicaciones, algoritmos y aplicaciones que ayuden a los usuarios a tener mejores conexiones (de transporte) en sus viajes, recogida y procesamiento de datos (de sensores y otros sistemas de información) para proporcionar respuestas dinámicas en los servicios de transporte”, afirma el estudio.

Asimismo se dividió a la movilidad en cuatro ámbitos diferentes: transporte para uso personal, transporte público, transporte de carga y movilidad compartida.

En lo que refiere a transporte para uso personal destaca entre sus oportunidades: “La integración de sistemas inteligentes de transporte (ITS) a las redes inteligentes, los sistemas de distribución y las redes de estaciones de recarga puede proporcionar beneficios adicionales para los usuarios de vehículos eléctricos personales: Ingresos por participar en el mercado de servicios complementarios (V2G), mayor resistencia de la red de distribución eléctrica (V2G), e información detallada sobre la disponibilidad de estaciones de carga y tarifas (redes de carga inteligentes)”.

Además indica que los operadores del sistema pueden acceder con mayor precisión a datos sobre el reparto de la demanda de electricidad asociada a los vehículos eléctricos.

Entre las barreras de este segmento señala, por ejemplo, una baja penetración en el mercado de los vehículos equipados con tecnología de vehículo conectado y una falta de consenso sobre la tecnología a ser adoptada masivamente por los fabricantes de vehículos.

En cuanto a transporte público eléctrico afirma que “existen aplicaciones que permiten optimizar los periodos de recarga de las baterías”.

Esta y otras aplicaciones podrían ayudar a mejorar la experiencia de uso del transporte público, conocer con mayor precisión los tiempos de viaje, optimizar el uso energético del transporte público y aumentar la participación de este modo de transporte, lo que se traducirá en menores emisiones.

De entre los obstáculos, el estudio admite: “En cuanto a la conectividad de los vehículos, se identifican barreras similares para el transporte de uso personal. En cuanto a la elaboración de políticas, la normativa debe promover modos y aplicaciones de transporte que beneficien a la sociedad, los incentivos en los vehículos para uso personal pueden resultar en un transporte público más costoso para el segmento de población de bajos ingresos”.

En lo que respecta a transporte de carga eléctrico, cita: “La incorporación de tecnologías relacionadas con la electromovilidad en esta aplicación supondría una importante reducción de las emisiones de GEI. Dado el tamaño de este tipo de transporte, sus efectos son considerables”.

El elevado coste de los vehículos con estas tecnologías es una barrera para que este uso entre en el mercado de forma considerable además de las barreras normativas sobre la participación de los vehículos de transporte en la red eléctrica como parte de los servicios complementarios.

Por último, en movilidad compartida, teniendo en cuenta que la mayoría de los vehículos que intervienen no utilizan combustible (VE, bicicletas, patinetes, etc.), la reducción de emisiones que aporta al reducir el consumo de combustible es una oportunidad para la inserción de la movilidad compartida desde una perspectiva tanto medioambiental como social.

Hay que considerar que no solo implica el carsharing, sino también el bikesharing, el microtransporte (de gestión privada o pública), el ridesharing, ridesourcing, y scooter sharing.

Entre otras cuestiones, para su implementación efectiva deben definirse las leyes y normativas asociadas a la entidad responsable del vehículo, los seguros, las revisiones técnicas, etc.

Para finalizar, se destaca que en el sector transporte en general: “En cuanto a las políticas, los países se están esforzando por electrificar el transporte, haciéndolo también más conectado y mejorando el acceso a la información de los usuarios. Todos estos avances imponen varios retos en cuanto a la regulación moderna, en la generación de los adecuados incentivos para fomentar la adopción de nuevas tecnologías, en la creación de mecanismos para preservar la privacidad de los datos personales, y en la obtención de la seguridad de las redes ciberfísicas”.

El estudio completo está a disposición para descargar aquí. Además se puede obtener un factsheet de movilidad en Chile en este link.