El pasado 13 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y el trabajo sobre la misma continúa su curso. 

Recientemente se ha anunciado la apertura del plazo de presentación de enmiendas en el Parlamento, que se tramitará por vía de urgencia. 

Es así que mientras el Legislativo redefine el documento que podría hacerse oficial este año, el sector continúa haciendo énfasis en aquellos puntos a los que no se les ha prestado atención. 

En este caso Manuel Riera Díaz, Técnico de Medio Ambiente de UGT-Confederal plantea: “No puede haber una movilidad sostenible, si no hay una movilidad sostenible al trabajo”.

Con esta frase el especialista explica a Portal Movilidad España cuales son los principales problemas que se han encontrado a la hora de abordar los capítulos enfocados a los planes de transporte laboral. 

Desde su punto de vista, este tipo de desplazamiento es uno de los que más personas movilizan día a día y en muchos casos se ve cómo se hace uso del coche privado de manera individual. 

Frente a esto, Riera Díaz propone que como primer eje a revisar las bases impuestas para la implantación de planes de movilidad sostenible al trabajo.

“La implantación está ligada a todos aquellos centros de trabajo que cuenten con más de 500 personas trabajadoras o 250 por turno. Además, les da un plazo actualmente de 24 meses para hacerlo y estos datos son muy poco ambicioso”, expresa.

En la realidad española se que gran parte de las compañías cuentan con tasas menores a las planteadas, por lo que la rebaja de esos indicadores hasta las 100 personas trabajadoras o 50 por turno se encuentra entre las principales prioridades a revelar.

Otro tema importante que no se menciona a lo largo del anteproyecto aprobado a finales del año pasado es el vínculo y la conexión que tienen que tener los proyectos de movilidad sostenible al trabajo con los planes municipales.

“Si no hay una coordinación, difícilmente se podrá tener éxito. Al final necesitamos ir avanzando de la mano en el desarrollo del transporte a los centros de trabajo y polígonos  industriales”, reconoce en este punto el vocero de UGT. 

En este sentido, la propuesta está basada en que puedan generarse más vínculos y conexiones para que haya una coherencia entre las acciones desplegadas dentro de las zonas urbanas y no urbanas. 

Algo que no escapa de la visión del sindicato y de las 14 organizaciones que trabajan en conjunto en las reformas de la normativa, es la cuestión de la apuesta por los modelos de cero y bajas emisiones.

Al ser consultado por este punto, Manuel Riera Díaz reconoce que lo ideal sería contar con una “serie de incentivos que dirijan los proyectos presentados hacía la apuesta por la electromovilidad”.

La aplicación de buses eléctricos, sistemas de bicicletas eléctricas, patinetes, como así también vehículos de cero y bajas emisiones compartidos serían funcionales en este proceso.

Finalmente, hay cuestiones que no son mencionadas en la nueva ley de movilidad sostenible propuesta por MITMA. 

“No se ha llegado a definir qué se entiende como un “centro de gran actividad” y, por tanto, cuáles son los centros de actividad que van a estar afectados por la normativa. Puede ser una universidad, un aeropuerto, un hospital, un polígono industrial o un instituto, pero estos tienen que estar detallados y no ligados a la libre interpretación”, reconoce en este punto.