El pasado domingo 5 de mayo, los panameños eligieron al nuevo presidente de la nación, resultando victorioso el candidato José Raúl Mulino.

Cabe destacar que Mulino había pasado seis meses en prisión preventiva por presunto peculado en un contrato millonario del gobierno para adquirir radares de una firma italiana.

Bajo este contexto, el futuro de la movilidad eléctrica en este país es incierto. 

A pesar de las expectativas sobre posibles políticas y enfoques hacia la sostenibilidad ambiental por parte del nuevo presidente, no se evidenció un interés claro en incluir la movilidad eléctrica en su agenda gubernamental, dado que el tema no fue abordado durante la campaña electoral.

Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) felicitó al nuevo presidente, lo cual podría interpretarse como una señal positiva para el futuro sostenible del país. 

El camino curvo de Mulino hacia la presidencia

Mulino mostró durante la campaña su cercanía con el expresidente Martinelli.

José Raúl Mulino, abogado y diplomático de tendencia derechista, emerge como el sucesor político del expresidente Ricardo Martinelli. 

Inicialmente, Martinelli lideraba la fórmula del partido Realizando Metas, pero fue condenado a 10 años y medio de prisión por lavado de activos, lo que lo inhabilitó para ocupar cargos públicos.

Ante esta situación, Mulino, previamente candidato a vicepresidente, asumió la candidatura presidencial.

Sin embargo, su presentación con un binomio incompleto y sin haber sido elegido en las elecciones internas del partido, según lo establece la ley electoral, provocó una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por un grupo de abogados.

Fue recién el 3 de mayo, dos días antes de las elecciones y en un clima de incertidumbre, cuando la Corte Suprema de Justicia resolvió la demanda y habilitó su candidatura, en una decisión que no estuvo exenta de controversia.

Durante la jornada electoral, Mulino generó debate al visitar a Martinelli en la embajada nicaragüense, donde este último se encuentra refugiado, alegando persecución política y obteniendo asilo por parte del gobierno sandinista.

El historial de Mulino, un político de mano dura

José Raúl Mulino es un veterano de la política local, con una extensa trayectoria que abarca varios roles gubernamentales. 

Anteriormente, ocupó los cargos de vicecanciller y canciller durante el gobierno de Guillermo Endara (1989-1994), además de fungir como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia en 1994. 

Más tarde, en el gobierno de Martinelli (2009-2014), estuvo al frente de dos ministerios clave: el de Gobierno y Justicia, así como el de Seguridad Pública, donde consolidó su reputación como un político de mano dura.

Su gestión en Seguridad Pública estuvo marcada por acciones represivas, siendo responsable de incidentes emblemáticos como la represión en Bocas del Toro en 2010, que resultó en la muerte de los dirigentes sindicales Antonio Smith y Virgilio Castillo.

El perfil autoritario de Mulino se pone de manifiesto en sus declaraciones más recientes, donde propuso medidas como el cierre de la selva del Darién en la frontera panameña con Colombia, una ruta de tránsito utilizada por cientos de miles de migrantes caribeños y sudamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos.

Los desafíos del nuevo gobierno en materia política y en electromovilidad

Uno de los mayores desafíos que enfrentará el gobierno de Mulino en cuanto a electromovilidad será garantizar el cumplimiento de lo estipulado en la Estrategia de Comunicación para la Transición Energética. 

Es importante recordar que esta estrategia cuenta con seis objetivos específicos.

El primero, consiste en introducir los conceptos asociados a la transición y las diferentes tecnologías de energía sostenible.

El segundo, en fortalecer la capacidad de Panamá para hacer frente a los impactos del cambio climático a través de las oportunidades que la Agenda de Transición Energética genera.

El tercero, en crear mecanismos y espacios diferenciados de interacción con actores clave para divulgar las acciones involucradas en la Agenda.

El cuarto, en establecer un ambiente favorable en las redes y medios masivos sobre consumo responsable, ahorro, eficiencia, energías renovables, electromovilidad e hidrógeno verde.

El quinto, en guiar, coordinar y monitorear la implementación de las acciones de comunicación de la Agenda, por medio de los comités específicos.

El sexto, en procurar que en la ejecución de esta estrategia los actores del gobierno involucrados y el sector privado pertinente adopten medidas informativas y de difusión, siendo que la ciudadanía debe escuchar el mismo mensaje.

En cuanto a desafíos políticos, Panamá ha atravesado años conflictivos, marcados por la parálisis gubernamental debido a la emergencia de la pandemia y el impacto de la guerra en Ucrania, que afectó gravemente las cadenas de suministro.

Estos eventos fueron especialmente sensibles en un país cuya economía depende en gran medida de los ingresos generados por el canal interoceánico.

Además, se han registrado las protestas sociales más importantes desde la resistencia a la invasión estadounidense de 1989. 

La carestía de la vida, la deficiente calidad de los servicios públicos y la inequidad social, en un país catalogado por el Banco Mundial como el cuarto más desigual del mundo, han sido focos constantes de conflicto desde hace un tiempo.

A esto se suma la controversia generada por un contrato firmado entre el Estado panameño y una filial local de la minera trasnacional First Quantum Minerals, que explotaba una mina de cobre a cielo abierto en Donoso.

El gobierno de Mulino se enfrenta a desafíos complejos, incluyendo la incógnita sobre si el mandatario intentará o no indultar a Martinelli. 

Aunque la legislación panameña contempla esta posibilidad, el Código Penal es explícito al definir que solo los condenados por crímenes políticos pueden ser indultados.

Otro desafío importante es la economía, que ha comenzado a desacelerarse después de registrar tasas de crecimiento entre las más altas de la región, exacerbada por la crisis hídrica que afecta el funcionamiento del canal.

Finalmente, el gobierno debe hacer frente a los recurrentes escándalos de corrupción, la baja recaudación fiscal, la crisis en la Caja del Seguro Social y la compleja cuestión migratoria.