El grupo de presión automovilístico francés Plateforme de la filière automobile (PFA) propuso el miércoles que una bonificación estatal para los consumidores que compren coches eléctricos se reserve para los vehículos «fabricados en Europa».

La propuesta surge cuando Europa busca formas de contrarrestar el proteccionismo chino y los subsidios estadounidenses ofrecidos por la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU.

El bono podría ser parte de un acuerdo para el sector que se debe negociar entre la industria automotriz y el estado francés para el período 2023-2027.

«El objetivo es dar tiempo a la industria europea para consolidarse», añadió.

En Francia, la bonificación para los consumidores que compran un coche eléctrico puede ascender a 5.000 euros (5.477,00 dólares), independientemente del lugar de fabricación del vehículo.

A principios de este año, los autos eléctricos fabricados por el fabricante de automóviles estadounidense Tesla pasaron a ser elegibles para el bono.

La decisión de la Unión Europea de prohibir la venta de automóviles nuevos de gasolina y diésel a partir de 2035 ha generado temores entre los fabricantes de automóviles europeos.

Esto radica en que temen no estar listos para producir suficientes automóviles eléctricos para satisfacer la demanda.

Eso, a su vez, beneficiaría a los automóviles eléctricos importados, en particular de China.

España y el IRA

Desde finales del año 2022 Bruselas entró en estado de alerta por las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos para impulsar la industria de la automoción eléctrica local.

Esto ponía en riesgo la producción europea de vehículos eléctricos en el futuro, ya que los coches estadounidense iban a resultar más atractivos para los norteamericanos por sus costes.

“Estados Unidos le ha hecho ver a Europa en qué situación estábamos y Bruselas ha reaccionado”, comentó en conferencia de prensa José Lopez-Tafall, director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) .

El Gobierno de Estado Unidos lleva adelante desde enero la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) que ofrece a quienes compren un vehículo eléctrico un crédito fiscal de hasta 7.500 dólares, únicamente si el coche es de producción nacional.

“La UE está profundamente preocupada con el plan, creemos que discrimina a fabricantes extranjeros respecto a los estadounidenses”, ha afirmado la portavoz comunitaria de Comercio de la Comisión Europea, Míriam García, en rueda de prensa.

En este sentido, ha sugerido a Washington retirar los “elementos discriminatorios” de la ley y garantizar que cumple con los estándares de la Organización Mundial de Comercio.

Aunque ha recalcado que la Unión Europea y Estados Unidos comparten el objetivo de avanzar en la movilidad sostenible por su impacto en la reducción de emisiones y la transición verde, para Bruselas resulta clave que las medidas puestas en marcha al otro lado del Atlántico “sean justas”.

“Hay una pelea por atraer inversiones. Quieren la fabricación de vehículos limpios en su país, lo que esto ha generado es una reacción por parte de la Comisión Europea”, recalca López-Tall.

Esto es visto desde el punto de vista de la política industrial que necesita de más ambiciosas.

Por eso el Director General focaliza su repertorio en el PERTE VEC, una de las políticas del gobierno español para el impulso de la transición al coche eléctrico y se encuentra en la estructuración de su segunda convocatoria.

“La revisión que se va a hacer del Perte y que ha anunciado el comisionado responde precisamente a el enfoque excesivamente riguroso que tenía la Comisión”, comenta López-Tafall.

Allí es donde resalta que si Europa no reaccionaba a tiempo iba a quedarse muy por detrás de los Estados Unidos, luego de que lanzara su batería de medidas.

“Es una oportunidad para la industria europea, podemos vender más vehículos fuera, pero para eso la política industrial tiene que ser mucho más orientada y centrada”, expresa el representante de ANFAC.

Por ello señala que el Perte VEC y su segunda edición deben ser solo un punto de partida y no la solución definitiva. Restan 2.900 millones de euros por adjudicar.

Para ello López-Tafall reclama una política industrial que tenga continuidad hasta al menos 2035, cuando dejen de fabricarse vehículos de combustión.