Estas semanas los ojos de la política nacional se centraron en la provincia de Jujuy, donde el actual gobernador, Gerardo Morales, impulsó una reforma constitucional que incluye al litio y a la electromovilidad en su articulado.

¿Qué establece en torno al litio y a la movilidad eléctrica?

En relación al mineral indispensable para la producción de baterías para vehículos eléctricos, en el artículo referido a “energías renovables o no contaminantes”, la nueva carta magna dispone:

“El Estado promueve la industrialización con valor agregado de minerales, productos y tecnologías aplicadas al cambio de la matriz energética, el almacenamiento de energía y la electromovilidad”.

Asimismo, en su artículo N° 72, referido a la “promoción económica”, dispone que el Estado “impulsará políticas públicas de fomento a la producción, industrialización y comercialización” en sectores estratégicos.

En ello, se establece la promoción de “regímenes de fomento de inversiones” en proyectos estratégicos como la electromovilidad.

Según indica la nueva ley, que deberá ser puesta en vigor a partir de su publicación en el boletín oficial, las mismas deberán estar acorde a “los principios de sostenibilidad, sustentabilidad, (…) y reducción de riesgos ambientales”.

A su vez, promueve la minería “responsable (…) en especial la industrialización de minerales críticos para la transición energética y el transporte”.

¿Qué dispone en torno a la potestad de la provincia?

Actualmente en Argentina las autoridades nacionales acuerdan con la necesidad de industrializar el litio para no primerizar el recurso natural y aportar valor agregado.

Esta posición se fundamenta en no depender de los precios internacionales y proveer de litio y partes de baterías a la cadena de valor de los vehículos eléctricos.

Vale recordar que desde el Poder Ejecutivo se elabora una propuesta que, de ser aprobada, implicaría que en el país quede una “cuota” del mineral para su procesamiento con un precio preferencial.

A pesar de la orientación nacional, esta actividad está regida por el Código de Minería y los recursos naturales corresponden por dominio original a las provincias.

En ese sentido, la nueva constitución ratifica el “pleno dominio y la titularidad exclusiva de la Provincia sobre los recursos naturales”.

Al mismo tiempo, en el segundo inciso del artículo referido al “dominio originario de los recursos naturales”, establece:

“El Estado asegura la protección de los recursos naturales existentes en su territorio frente a cualquier injerencia indebida de la Nación, o de otras provincias, promoviendo el aprovechamiento sostenible de esos recursos y bienes comunes (…)”.

Y suma en el inciso tres: “Esta Constitución ratifica la potestad de la Provincia sobre la regulación de toda forma de aprovechamiento económico o financiero que se derive de la reducción o mitigación de gases de efecto invernadero generada a partir de actividades que se desarrollen dentro de su territorio”.

Si bien la constitución menciona la necesidad de sumar valor agregado al mineral, según pudo confirmar la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de Jujuy a Portal Movilidad, la provincia pondría el foco en los procesos aguas arriba.

Dicha posición se basa en que, si bien pueden impulsarse procesos aguas abajo para fabricar componentes de baterías, estas propuestas «frenarían» inversiones en los procesos de exploración y extracción.

En este sentido, actualmente, la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de Jujuy se encuentra “trabajando fuertemente para afianzarla aguas arriba”.

“La clave está en trabajar para toda la cadena de valor, la cual comienza con las minas produciendo”, indica Miguel Soler, titular de la cartera.

Por otra parte, sectores como la Cámara Latinoamericana del Litio, sostienen que de no establecerse el litio como una commodity y fijar precios, será imposible encarar un proceso de industrialización.

A su vez, desde la cámara se destaca que aún no industrializando, el país ya ha perdido divisas por no tomar medidas en torno a esta dimensión.

¿Qué proyectos de litio hay en la provincia?

Actualmente existen tres proyectos en funcionamiento relativos a la extracción de litio en el noroeste argentino (NOA).

Uno se ubica en el Salar de Olaroz, de la empresa Sales de Jujuy, cuyo principal accionista es la empresa australiana Allkem en sociedad con la compañía provincial Minería Sociedad del Estado (Jemse).

Otro proyecto también ubicado en la provincia, que entró en operaciones hace pocas semanas, es Cauchari-Olaroz, de la minera Exar, una compañía argentina cuyos accionistas son la canadiense Lithium Americas Corp (LAC) y Ganfeng Lithium.

El tercero se ubica en Catamarca. Se trata del Salar del Hombre Muerto, de la empresa estadounidense Livent, en Catamarca.

Además, existen otros seis en construcción, ocho en estudios de factibilidad y 15 en estado de exploración.

Proyectos de litio relevados por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

Al respecto de las reformas de la Constitución, cabe mencionar que actualmente los pueblos originarios que habitan la zona llevan adelante protestas para no ser desplazados de sus tierras en la medida en que avancen los proyectos mineros.

Asimismo, una vez aprobada la reforma por la Convención Constituyente, el gobernador Morales eliminó el artículo N°50, referido a los derechos y garantías de los pueblos indígenas. Esto decía, por ejemplo, en su quinto inciso:

“El Estado garantiza el derecho a la participación y consulta previa e informada de las comunidades originarias reconocidas en la Provincia respecto a sus recursos naturales y a los intereses que las afecten de manera directa”.