Los principales referentes de la electromovilidad exponen sus posturas sobre las políticas públicas de cada país y sobre las que tienen que llevarse a cabo en un futuro cercano.

En el marco del Congreso Latinoamericano de Movilidad Eléctrica organizado por la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible (ALAMOS) y Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE), cuatro empresarios debaten sobre la importancia de las políticas públicas.

En primer lugar, Silvia Rojas, directora ejecutiva de ASOMOVE y presidenta de ALAMOS expone la importancia del trabajo en conjunto con otros países. También, menciona cómo este factor juega un rol importante en la promoción de leyes.

En Costa Rica, es el caso de la Ley Nº 9.518: “Incentivos y promoción para el transporte eléctrico” que posibilita el ejercicio de reglamentaciones.

“Tratamos de pensar en la experiencia usuaria, no solamente en cómo adquiría el vehículo sino en cómo lo iba a cargar”, especifica en relación al capítulo específico que contiene la ley.

En la misma línea, la representante de ASOMOVE destaca la actitud de las personas frente a estos nuevos usos.

“¿Cómo mejoramos el uso de esos cargadores por parte de las personas? La infraestructura de carga que tenemos en nuestra ley está pensada para que las personas carguen lo que necesitan”, sostiene Silvia Rojas.

Ahora bien, el beneficio destacado de esta ley por la oradora es la confianza de los usuarios. Pero también, considera que esos beneficios “se deben cuantificar y monetizar” y que “la política pública debe acelerarse”.

Integrantes de ALAMOS exponiendo en el Congreso Latinoamericano de Movilidad Eléctrica Costa Rica 2023.

Por otra parte, Nancy Chacón, presidenta de la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala (AMEGUA) asegura que en su país los resultados han sido buenos luego del desarrollo de leyes sobre esta temática.

Se trata de la Ley Nº 402.022: “Incentivos de movilidad eléctrica y reducción de impuestos”.

“Luego de la aprobación de la ley, se duplicaron las ventas de vehículos eléctricos y esperamos duplicar ese número”, declara la ejecutiva de AMEGUA.

Sin embargo, en la legislación guatemalteca no hay una meta específica. Por este motivo, Chacón expresa “la necesidad de un compromiso del sector público”.

Otro orador es Esteban Albornoz, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Movilidad Eléctrica y Sostenible (ASECMOVEL), quien destaca la cantidad de leyes en su país que incentivan la movilidad sostenible.

“La Ley de Eficiencia Energética tiene un capítulo que está relacionada con el transporte. El 50% de la energía está destinada al transporte cuando en promedio en Latinoamérica y el Caribe es el 38% y en el mundo es del 28%”, asimila.

Pero concordando con las dos expositoras anteriores, Albornoz no niega que tanto Ecuador como otros países necesitan del pilar de las leyes y de la dimensión política para generar esas leyes.

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Por último, tiene participación el moderador del Congreso, Sergio Norberto Álvaro, presidente de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (AAVEA). Este representante expone la situación de Argentina, donde hay escasas reglamentaciones.

A pesar de la falta de leyes, la situación se basa en el progreso de la electromovilidad en las provincias en las que se llevan adelante sus propios puestos de carga.

“En Argentina, hay provincias que ya cuentan con redes de cargas propias como la provincia de San Juan. La utilización de trenes sería una muy buena implementación, que la parte política de nuestro país tome esto a favor”, explica.

Otro factor que simboliza los beneficios es la aprobación de los habitantes argentinos.

“Cuando se hace la presentación en el mercado a la gente le interesa. Necesitamos una ley que genere más beneficios económicos y saludables”, indica.

Teniendo en cuenta la situación de cada país, tanto Costa Rica como Guatemala, Ecuador y Argentina tienen sus propias reglamentaciones. Pero un enlace en común es la escasa participación de los gobiernos.

En síntesis, todos los representantes de este Congreso coinciden en que las leyes son esenciales para llevar a cabo estos proyectos.