Mediante el Decreto 8.840 del 8 de febrero de 2023, el Poder Ejecutivo aprobó la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica de Paraguay, instrumento que establece lineamientos y pautas que guían y promueven la transición, apuntando a la seguridad energética, el desarrollo industrial, la sostenibilidad y el mejoramiento de la calidad de vida.

Ésta fue diseñada por la Secretaría Técnica de Planificación en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y otros organismos y entidades del Estado, el sector privado, la academia y organismos internacionales.

Además, a través del decreto mencionado, se creó el Consejo Estratégico de Movilidad Eléctrica, como instancia de facilitación del proceso de transición.

Está conformado por el MIC; el Ministerio de Hacienda (MH); el MOPC; el MADES; el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH); el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS); la Administración Nacional de Electricidad (ANDE); el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN); la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD); y la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP).

Ejes estratégicos a trabajar

La Estrategia está estructurada en cinco ejes. Cada uno de ellos cuenta con un objetivo y una serie de líneas estratégicas que brindan orientaciones hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos en la fase de implementación.

El primero es sobre regulaciones y estándares. Comprende la normatividad y el desarrollo de estándares que faciliten le adopción de la tecnología de movilidad eléctrica, tanto en los vehículos como en los servicios de carga.

Además, contempla legislaciones de carácter técnico y ambiental para el avance exitoso de la electromovilidad.

El objetivo específico consiste en adoptar las regulaciones y requerimientos necesarios de estandarización de componentes que favorezcan el desarrollo eficiente de la tendencia desde los puntos de vista técnico, energético, ambiental y de movilidad.

Comprende cinco líneas estratégicas, siendo la primera el establecimiento de condiciones propicias en el ecosistema de servicios asociados a electromovilidad y sistemas de carga que promuevan la interoperabilidad; le sigue la definición de normativas técnicas y económicas de la carga, y esquema de tarifas eléctricas específicas.

La tercera se relaciona con la determinación de normas técnicas de seguridad y sostenibilidad ambiental para vehículos eléctricos; la cuarta con la legislación de regulaciones y estándares, y armonización con países de la región; y la quinta con establecer los procesos de respuesta ante siniestros viales para autos cero emisiones.

El segundo eje hace referencia a los proyectos y las inversiones necesarias para garantizar la adecuada infraestructura de recarga, adecuación del sistema eléctrico nacional y la integración de unidades eléctricas a la red.

Su principal propósito consiste en promover el incremento de la infraestructura para lograr la inclusión de vehículos cero emisiones en el transporte público y privado en todo el país.

Para ello se fomentarán puntos públicos, zonas de estacionamiento y circulación preferencial; se implementarán servicios integrales de asistencia a usuarios para las electrolineras; se adecuará el Sistema Eléctrico Nacional a las necesidades presentes y futuras en términos de tecnología y capacidad; y se integrarán unidades eléctricas a la red.

El siguiente componente es sobre información y promoción. Se refiere a la comunicación al público sobre las oportunidades y desafíos, ventajas y desventajas de la movilidad eléctrica. Además, incorpora aspectos sobre la difusión de data técnica de los productos y posibles incentivos que permitan a los compradores acceder a estos vehículos.

Dado su objetivo estratégico, se buscará incrementar la familiaridad de las personas y generar espacios de transferencia de conocimiento sobre el tema.

En efecto, las líneas estratégicas comprenden el desarrollo e implementación de proyectos piloto de flota eléctrica (transporte público, bicicletas, automóviles, etc.); creación y difusión de programas de I+D en movilidad sostenible; y ejecución de planes de capacitación profesional y académico vinculados a la electromovilidad.

También incluyen la fundación de un portal digital nacional de data sobre el tema y el desarrollo de programa de comunicación para la promoción de la transición en Paraguay, en alianza con la academia, la prensa, el sector privado y otros grupos.

El cuarto eje se basa en fomentar y proponer la exploración de mecanismos financieros para proyectos de inversión pública y/o privada de movilidad eléctrica. Su objetivo coincide con esta definición.

Para lograrlo, se buscará el desarrollo de un esquema de préstamos preferenciales para la obtención vehículos eléctricos; el aprovechamiento de fondos internacionales para mitigación del cambio climático y financiar iniciativas de electromovilidad; el diseño de un esquema de préstamos preferenciales para la creación de estaciones de carga y centros de servicio técnico.

Asimismo, incluye el impulso de mecanismos financieros e incentivos para la descarbonización y electrificación del transporte público; y el desarrollo de programas y mecanismos de financiamiento para el avance de la industria en el país.

El último eje se refiere a los incentivos que mejoren la oferta e incrementen la demanda de vehículos eléctricos ya sean de uso privado, del transporte de pasajeros, taxis y flotas corporativas.

Éste requiere la identificación y eliminación de incentivos a carros a combustión, transfiriendo beneficios a unidades cero emisiones de forma proporcional respectivamente y priorizando a los últimos.

Entonces, el objetivo estratégico consiste en aumentar la participación de los modos de transporte eléctricos dentro de los parques automotores colectivos e individuales.

Sus líneas estratégicas comprenden la transformación de la flota de instituciones públicas; el establecimiento de incentivos fiscales a la compra de vehículos sostenibles, sus componentes, cargadores y baterías; la implementación de estándares ambientales de emisiones para el sector transporte; y la ejecución de incentivos fiscales y de programas de mejora de la competitividad para el desarrollo industrial asociado a la industria.