Desde que se agotaron los fondos disponibles en las 14 comunidades autónomas en noviembre, el Plan Moves III que es destinado al impulso de la industria de la automoción solo ha recibido una nueva solicitud.
Madrid hasta el momento es la única que ha solicitado una ampliación de fondos amparada en el artículo 7 del Real Decreto 266/2021, publicado el 13 de abril de 2021.
En el mencionado, se aprueban las Bases reguladoras del Moves III donde menciona que las regiones podrán solicitar ampliaciones de presupuesto, según la demanda de solicitudes.
La tercera edición de este plan en Madrid cuenta con una dotación presupuestaria de casi 53 millones de euros y una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. Tiene dos líneas de actuación: la compra de vehículos eléctricos (37.081.000 euros) y el despliegue de infraestructuras de recarga (15.893.173).
Siete meses después de la apertura de la convocatoria, gestionada a través de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (FENERCOM), ya se ha comprometido el 87% de los recursos económicos disponibles.
Con las subvenciones se han comprado más de 7.570 vehículos eléctricos. En total, desde esa fecha se han presentado más de 14.500 solicitudes de ayuda, también para la instalación de 1.551 puntos de recarga.
Desde la comunidad autónoma de Madrid se ha solicitado al Gobierno central una ampliación de 30 millones de euros, para poder aumentar el número de puntos de recarga.
Los enchufes podrían llegar a 6.600 si se recibiesen los fondos estatales necesarios para atender todas las solicitudes presentadas.
Sobre la situación de las 13 administraciones restantes todavía se desconoce y, según advierten desde el sector, “el Gobierno español se encuentra expectante de recibir las solicitudes para liberar nuevos capitales”.
La vigencia para la recepción de las solicitudes es hasta el 31 de diciembre de 2023.
Las comunidades en cuestión son: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia, Navarra y País Vasco.
Críticas al despliegue de fondos
Desde el sector de la automoción marcan que el hecho de que cada administración se deba hacer cargo de desplegar el plan “hace que la puesta en marcha se demore”. Daniel Orejas Tagarro, director de Grupo Lemotor, lo señala y agrega que “afecta a las ventas”.
Desde que en abril del 2021 se dieron de alta las comunidades, algunas tardaron seis meses en habilitar las gestiones para activar la subvención. Además el pago de las ayudas se demoró hasta seis meses y un año en concretarse.
En este sentido, Orejas Tegarro recuerda: “Tuvimos experiencias donde restábamos el dinero de la factura del automóvil, pero los pagos solían retrasarse, llegaban tres o cuatro meses después y no había espalda que aguante cargar con deudas de miles de euros por este tipo de gestiones”.
En otro punto, los elevados precios que presentan los modelos cero y bajas emisiones también funcionan como freno para este tipo de proyectos del Gobierno español.
“Por sus costes, el vehículo eléctrico está ligado a un pequeño círculo de gente, por ello el Plan Moves y la penetración de estos segmentos no están tirando tanto como querían”, apunta el directivo.