Europa podría dejar de depender de China para la fabricación de baterías de iones de litio en 2027, según las previsiones de Transport & Environment (T&E).

Y en ese proceso las inversiones para fabricarlas a nivel local comienzan a llegar a los 27 países europeos.

España no queda por fuera de este proceso. 

Volkswagen, Envision, Inobat y hasta BYD son algunas de las confirmadas y por confirmar para instalar sus gigafactorías en el territorio nacional, lo que abre las puertas a que las empresas mineras exploten litio aquí también. 

En la actualidad, Europa tiene una enorme dependencia del exterior; este mineral está considerado una de las materias críticas. 

Y España cuenta con importantes reservas del mismo.

José Antonio Ezquerra, Abogado, Gerente de Euskal Árido

Pero esto no será tarea facil, según advierte José Antonio Ezquerra, Abogado, Gerente de Euskal Árido y especialista en la normativa del sector minero:

“Las tramitaciones de las autorizaciones y concesiones administrativas necesarias se alargan demasiado en el tiempo; hablamos de plazos medios de más de 7 años, que en muchos casos llegan a más de diez años. Esto es una gran barrera para el desarrollo de estos proyectos”.

Es en este sentido que agrega: “El Derecho Administrativo español es muy garantista. Además, las Comunidades Autónomas pueden desarrollar la normativa básica del Estado, estableciendo mayores restricciones”.

La legislación que hoy regula esta actividad es muy amplia.

Tan solo por hacer un repaso, se puede hablar en primer lugar de la Ley 22/1973 de 21 de julio, de Minas y de su excelencia a nivel jurídico y técnico, “difícil de superar y que cumple 50 años en vigor”.

Ley que ha sido actualizada y adecuada a la evolución de la sociedad y de la actividad minera en España. 

Ha habido diversos intentos de nueva Ley de Minas, pero ninguna ha obtenido el consenso suficiente ni ha mejorado la existente.

Asimismo, en el ámbito medioambiental, aparece la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, y sus desarrollos a través de las leyes emanadas en las distintas Comunidades Autónomas.

Existe legislación específica sobre Responsabilidad Medioambiental, sobre Rehabilitación de espacios afectados por la actividad minera:

• Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras.
• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Estas leyes establecen la imposición de garantías económicas en materia medioambiental y de rehabilitación de espacios afectados por la actividad minera.

Y eso no es todo, a nivel local hay también legislación sobre Aguas y Dominio Público Hidráulico:

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
• Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio
• Legislación sobre suelos contaminados, sobre emisiones a la atmósfera, sobre vertidos.
• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Y eso es solo un paneo por todo lo que hoy existe. 

Por lo que según la perspectiva de José Antonio Ezquerra “se deberían articular de forma ágil e integrada todas estas normas, de manera que no supongan nuevas fuentes de retrasos en la tramitación de los expedientes mineros, que, en no pocas ocasiones, tardan décadas en tramitarse”.

Y agrega: “La limitación de los plazos máximos para la tramitación de los expedientes no ha resultado eficaz ni ha conseguido el objetivo de la reducción de los plazos y la agilización de las tramitaciones administrativas”;

Una realidad que hoy acontece al sector minero es que el requerimiento de informes a otros órganos administrativos que implican la suspensión del plazo máximo legal para resolver un procedimiento lleva a que las tramitaciones se alarguen durante años.

Y además, se genera una enorme inseguridad jurídica para los promotores que pueden verse abocados a abandonar proyectos mineros de interés estratégico para el país.

“Resulta imprescindible una aplicación efectiva del principio de celeridad recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”, apunta el especialista.

Para ello, es fundamental, que se dote de medios materiales y humanos, en especial, que se refuercen los medios digitales para favorecer una participación, “ágil, activa y transparente”. 

Desde su óptica, se pueden establecer instrumentos que operan como garantía de que si alguien no hace bien las cosas tendrá que asumir importantes cantidades económicas, además de las sanciones económicas y penales que se deriven.

Cáceres y Cañaveral en el centro de la estrategia nacional de litio

Cañaveral y Cáceres son las dos minas halladas en Europa que poseen más litio en el continente. 

Pero ninguna de ellas está lista aún para ser habilitada para comenzar la extracción del mineral.

Actualmente, están en fase de tramitación de permisos. 

La de Cañaveral se trata de una zona menos poblada y sin competencias complejas en su suelo, mientras que la de Cáceres se trata de un lugar un tanto más controvertido donde debió revisarse su extracción. 

“El momento es complejo porque son elecciones municipales y autonómicas, puede ser controvertido y algunas agrupaciones políticas lo pueden tomar como bandera contra sus rivales políticos”, decreta César Luaces Frades, Director General de Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales (PRIMIGEA).

Pero así mismo, Luaces cree que podría estar en un plazo de cuatro años para la extracción del litio. 

A pesar de parecer mucho tiempo, un proceso de autorización de una mina puede tardar hasta diez años, más dos de construcción de las instalaciones.

Una normativa que ha ingresado, de parte de la Comisión Europea, al Parlamento Europeo el 16 de marzo de este año, recortaría este proceso a 12 o 24 meses.

De esta manera, las minas llegarían a estar, si todo sale bien, para 2027.

“De momento siguen en tramitación y han estado en revisión. No tienen luz verde pero parece que alguna de ellas está próxima a tenerla”, comenta Luaces.

Posibilidades económicas que brinda el litio

Se desconocen en concreto los números que significan las minas de litio que están en Extremadura pero desde PRIMIGEA acercaron varios números significativos para España.

Se estima que solo en cañaveral podría producir 30.000 toneladas de sulfato de litio para producción de baterías de coches eléctricos y una extracción de 1,2 millones de toneladas de litio.

La extracción significa una inversión de 340 millones de euros y podría dar 430 empleos directos, más el de manera indirecto.

“En PRIMIGEA estimamos que el 15% del volumen del negocio es de la extracción y el restante de la cadena de valor, sin esa mina no hay cadena de valor y no se genera riqueza”, sentencia Luaces.