David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE), dialoga con Portal Movilidad y advierte que, de no existir cambios estructurales para la movilidad eléctrica impulsados por el Estado, no se podrá cumplir con los objetivos a 2025.
“La electromovilidad en el Ecuador viene caminando a paso muy lento. Todavía no hay una política pública integral para este sector a pesar de que el discurso se orienta hacia ello”, destaca Molina.
Y apunta: “Es un bonito discurso que pega. La ciudadanía lo avala, pero en la práctica muy poco ocurre. Eso hace que tengamos muy pobres resultados”.
Con respecto a las metas, se refiere a la que dispone el artículo 14 de la Ley de Eficiencia Energética. Allí se indica que a partir de 2025 los buses que se renueven en las flotas de transporte público deberán ser eléctricos.
“Principalmente no tenemos un modelo financiero para que sea posible, ni tarifas indexadas a ello para que pueda haber retorno de la inversión. Siento que eso no va a ocurrir. Creo que hacen falta iniciativas estructurales”, explica el referente.
Y agrega: “El financiamiento es muy complejo. Se está pensando un modelo de renting para evitar la compra de las unidades”.
En ese sentido, el dirigente se muestra crítico a los subsidios a los combustibles con los que, según él, podría financiarse la adquisición de estos vehículos, como ha sido el caso de Uruguay.
Cabe mencionar que en Ecuador los bancos otorgan créditos de producción, aunque no aceptan fácilmente la adquisición de un activo como un bus eléctrico. A su vez, los créditos de consumo no son una opción financiera viable para estos fines.
Asimismo, la ley anteriormente mencionada ordena la creación de un consejo consultivo integrado por distintos actores del sector (académicos, empresariales y públicos) con el objetivo de desarrollar la política hacia la eficiencia energética. Desde la CINAE se observa que hace dos años que debió haberse conformado, aunque al día de hoy no se tienen noticias del tema.
“Hace tiempo venimos insistiendo en su conformación, esperamos que este año pueda hacerse. Seremos parte del consejo consultivo y partir de ahí podremos formular cosas más importantes”, afirman desde la cámara.
Cabe destacar que este punto forma parte del repertorio de objetivos incumplidos por parte del Estado ecuatoriano, donde se ubica principalmente la Ley de Electromovilidad (la cual tuvo que haber sido sancionada en 2022).
Los puntos que quisieran tratar desde el sector empresarial automotriz se vinculan con la regulación de tarifas, la segunda vida de las baterías y la inversión en infraestructura de carga.
Sobre lo último, cabe recordar que la venta de energía es monopolizada por el estado y que brindar el servicio de carga supone el pago de la potencia disponible. Al respecto, la representación de los automotrices sostienen que aún no es rentable como para justificar la inversión.
Al respecto de los incentivos fiscales, los vehículos 100% eléctricos están exentos del IVA, del ICE y de los aranceles de importación. Los híbridos cuentan con beneficios similares.