España | Infraestructura de Carga
lunes 26 de julio de 2021
¿Cuántos puntos de carga necesita España realmente para masificar la movilidad eléctrica?
Portal Movilidad llevó a cabo una comparativa de las diferentes hojas de ruta y objetivos actuales para el despliegue de infraestructura por parte del Gobierno y asociaciones del sector.
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Portal Movilidad compara las hojas de rutas publicadas tanto por el Gobierno como por distintas asociaciones para acelerar la electrificación del país y así permitir una mayor penetración del vehículo eléctrico.

El objetivo que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es de tres millones de vehículos electrificados para 2030.

Para ello, la Administración señala como fundamental el despliegue de infraestructura, entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga tanto en aparcamiento como en corredores, para asegurar la disponibilidad.

Pero ¿será suficiente? esa es la pregunta que varios actores del sector se realizan, considerando que un reciente informe de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) coloca a España en el octavo lugar de 27 países, en lo que se refiere a despliegue de puntos de recarga públicos.  

Teniendo como base el paquete legislativo “Fit For 55” de la Comisión Europea, donde se establece el colocar puntos de recarga de al menos 300 kW cada 60 km para vehículos eléctricos, varias asociaciones han presentado sus nuevas hojas de ruta.  

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) y la patronal de los concesionarios (Faconauto) señalan que para conseguir el objetivo serán necesarios al menos 340.000 puntos de recarga de acceso público para 2030.

Una cifra que multiplica por 30 el número de puntos actuales y que se vería reflejada en una inversión de 5.500 millones de euros.

Asimismo, también presentaron su “Mapa De Despliegue De Puntos De Recarga De Acceso Público Para Vehículos Electrificados”.

Como objetivos intermedios, ambas asociaciones enfatizan que es necesario una red mínima de 70.000 puntos de recarga de acceso público para 2023; 120.000 en 2025, y así hasta llegar a la meta fijada en 2030.

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) también dio a conocer su nueva hoja de ruta.

En su caso y en la misma línea que ANFAC y Faconauto, si se concibe un “fuerte impulso a la electrificación de la movilidad” la cifra objetivo que señalan sería de 340.000 puntos de recarga de acceso público para 2030.

Sin embargo, la asociación que integra la cadena de valor del sector de la movilidad eléctrica, fija diferentes objetivos a mediano y largo plazo si se toma como base el PNIEC. 

Estos significarían hasta 23.000 puntos de recarga de acceso público en 2022; 70.000 para 2025 y 255.000 para el 2030.

Es así como la inversión que consideran necesaria se eleva a más de 3.000 millones de euros hasta 2030.

Por el momento, no existe un dato exacto que fije el total de estaciones en el territorio, pero las asociaciones nombradas estiman que actualmente hay entre 11.517 y 12 mil puntos en el territorio.

Qué piden las asociaciones al Gobierno 

La presentación de las hojas de ruta de las asociaciones buscan que la Administración actualice sus objetivos, tanto en financiación como en despliegue de infraestructura.

Sin embargo, también señalan otros puntos a tener en cuenta, entre ellos la facilitación de procesos administrativos que estarían siendo una barrera en la puesta en marcha de los puntos.

ANFAC y Faconautos piden la creación de un órgano de gobernanza, auspiciado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que permita coordinar y monitorear el despliegue tanto en las Comunidades Autónomas como en las  provincias y principales corredores.

Por su parte, AEDIVE, en representación de los Operadores de Carga (CPOs), proponen que el Gobierno permita la exención del permiso de obras cuando esta se ubica en un Área de Servicio concesión del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

Además de eximir o simplificar el proceso de autorización administrativa de aquellas instalaciones de recarga que no requieran expropiación o sean menores de 1.500 kW (el otorgamiento de la Declaración de Utilidad Pública en infraestructuras de más de 250 kW que requieran expropiación ha sido una medida interesante, pero, hoy, la mayoría de estos proyectos no requieren expropiación y se les ha penalizado con un trámite adicional).

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