Si bien el transporte público eléctrico es ejemplar en el país, en comparación con el resto de Latinoamérica, aún gran parte del sector ubicado en las afueras de Bogotá y Medellín no está 100% preparado para adoptar un vehículo cero emisiones. 

Los transportistas infieren esta problemática al modelo de negocios que hoy impera y a un accionar limitado por parte del Estado. 

“Yo creo que el marco regulatorio ha sido enfocado para que se genere desde el sector público a través de un modelo concesionado, mientras que casi todos los transportistas tradicionales tienen modelos de operación que están abiertos a licencias y a mercados”, advierte Fredy Camilo García Moreno, director ejecutivo del Consejo Superior de Transporte. 

Y agrega, en diálogo con Portal Movilidad: “Entonces no se establecen condiciones contraactuales de mediano y largo plazo, sino que hay una serie de permisos administrativos que permiten acceder al mercado”.

En este sentido, explica que en ese esquema, donde tan solo hay una licencia y poco tiempo, es complejo cambiar el modelo de provisión de energía como se plantea con la electromovilidad. 

Existe una serie de trámites para acceder a este mercado que debe resolver el mismo transportista, quien se encuentra bajo un alto nivel de informalidad y competencia. 

“Es muy distinto cuando planteas un modelo de electromovilidad con la adquisición de unos vehículos y la puesta en escena de una distribución y una generación de condiciones respaldado por un contrato y, detrás de este, una apuesta a largo plazo”, comenta. 

Es por esto que, aunque en Colombia los vehículos eléctricos gozan de una serie de beneficios tributarios, continúa siendo muy difícil con este esquema generar una fórmula de mediano y largo plazo que permita el arribo de la electromovilidad de manera masiva. 

Entonces, ¿cuál es la respuesta? 

Para García Moreno, la apuesta mayor debería llegar por parte del Estado, tratando de generar nuevas concesiones. 

“Si se hacen contratos por diez o 15 años, seguramente una persona podría estar interesada en adquirir esas tecnologías. Si seguimos con el modelo actual, creo que va a ser muy difícil que puedan establecerse condiciones reales para desarrollar una forma óptima de prestar el servicio”, afirma. 

De hecho, el resto de la región se encuentra en la misma situación. Ciudades que transitan hacia la movilidad eléctrica en sus sistemas de transporte hallan una respuesta en modelos financieros que amplíen los años de concesión.

Ciudad de México, por ejemplo, fue uno de los últimos casos con su Línea 3 de Metrobús. 

Para lograr su primera línea eléctrica, se debió, en principio, hacer un cambio de concesión a 15 años para amortizar la compra de los 50 buses eléctricos. 

Al mismo tiempo, las autoridades buscaron al mejor fabricante y el mejor financiamiento bancario para un crédito por el mismo período de tiempo.