El reglamento de infraestructura de recarga (AFIR), votado el 19 de octubre por el Parlamento Europeo, establece entre sus objetivos instalar un punto de recarga cada 60 kilómetros. 

“A mi parecer no pasa por tener que instalar un punto de carga por cada 60 km en las vías principales, sino por implementar la infraestructura adecuada en el emplazamiento idóneo”, comenta Arturo Pérez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE).

En la actualidad, España cuenta con 15.772, al menos hasta junio último. El objetivo del país es alcanzar los 100.000 para finales de 2023.

En ese sentido, Pérez de Lucía explica que los operadores de recarga “tienen muy claro” dónde hay que instalar estas infraestructuras para responder a las necesidades de sus clientes y la inversión que han previsto. 

Pero necesitan que se eliminen las barreras que les impiden cumplir con sus metas de despliegue. 

Actualmente en España, según relatos de diferentes instaladores, hay un retraso que va desde los seis meses al año y medio de espera para poder tener activo un punto de recarga. 

Esto se debe a los procesos administrativos para certificar permisos. Además, se suma el tiempo de espera para que las distribuidoras de energía den el visto bueno a la operación. 

Cabe aclarar que este último proceso mencionado sucede mayoritariamente con instalaciones que superan los 150 kW.

Ante esto, el director general de AEDIVE comenta: “Los instaladores, sin duda, tienen objetivos más ambiciosos de los que se plantean en este reglamento”.

“El AFIR es la constatación de una política que desde hace tiempo lleva ambicionando Europa para hacer de la movilidad eléctrica un sector maduro en el transporte descarbonizado por carretera”, comenta Pérez de Lucía.

Este reglamento deberá ser implementado posteriormente por cada país europeo, que tendrá que presentar su plan en 2024. 

Desde esa perspectiva, lo importante es que, en cada uno de esos países, se solventen las barreras que actualmente lastran el despliegue de las infraestructuras de recarga de acceso público.

Situación de Ceuta y Melilla

El reglamento aprobado no se aplicará al territorio de Ceuta y Melilla hasta que se haya completado una conexión directa a la red eléctrica del continente, o a la de un país vecino, o hasta que haya suficiente capacidad generada localmente a partir de fuentes de energía limpias.

“Tiene todo el sentido que la energía que alimentará esos puntos de recarga tenga que proceder de fuentes renovables y, por lo tanto, es lógico que primero se intente resolver la procedencia de esas fuentes en el sistema energético de ambas ciudades”, comenta Pérez de Lucía.

A día de hoy, el 100% de la demanda de la ciudad autónoma de Ceuta se cubre con energía fósiles generadas por grupos diésel y turbinas de gas. 

Este tiene un elevado coste para el sistema eléctrico nacional y una generación muy contaminante.