Rodrigo Díaz González, arquitecto y Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación en Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), dialoga con Portal Movilidad sobre los planes para ampliar la flota de buses y taxis eléctricos en la capital.
El funcionario indica que este año se llevarán adelante dos planes de electrificación para estos segmentos.
El primero tiene que ver con la incorporación de 55 buses eléctricos para sumar a las 60 unidades que ya se encuentran en circulación en la Línea 3 de Metrobús. Serán de 12 metros y se espera que estén presentes en las calles para este año.
Los mismos se destinarían a las zonas donde no existen redes de trolebús. Con respecto a esta modalidad, se han incorporado 442 trolebuses, los cuales cuentan con baterías de 70 kilómetros de autonomía para optimizar la usabilidad de los mismos.
“Ya hay 60 buses articulados eléctricos fabricados específicamente para la Ciudad de México con cama alta, de 18 metros articulados. Hasta el momento, ha sido muy positiva la experiencia”, afirma Díaz.
Cabe recordar que anteriormente se realizó un piloto con diez buses cero emisiones para probar las baterías y sus autonomías ya que, según el funcionario, “muchas veces difieren de lo que figura en el manual de fábrica”.
La orientación de la Secretaría es transicionar paulatinamente para probar la tecnología y así ajustar los costos, teniendo en cuenta la novedad de la tecnología y su aplicación en el territorio.
“Somos muy responsables a la hora de introducir los buses, teniendo en cuenta la barrera financiera. A veces está la tentación de tener un proyecto llamativo con muchas unidades, pero luego quedas con un hoyo financiero gigantesco y no se puede escalar la expriencia. Nosotros aspiramos a escalar de a poco, desarrollando modelos financieros que lo permitan”, expresa el subsecretario.
Por otro lado, refuerza que el gran desafío es financiero, teniendo en cuenta que la tecnología ya ha sido probada y hay empresas consolidadas en el sector. Este último punto es destacado como “fundamental” por la dirección de la SEMOVI.
“Cuando asumimos funciones llegaron un montón de empresas que ofrecían productos baratos y con condiciones financieras buenas, pero que no habían producido los vehículos. Es conocido el caso de ciudades que han comprado en estas condiciones y han quedado con serios problemas en la postventa”, explica el arquitecto.
Y suma: “Han aparecido nuevos actores chinos que tienen un grado de consolidación importante y dan certidumbre. Esos servicios de postventa son confiables”.
¿Qué es lo que falta? Según Díaz, el ojo está puesto en definir los mecanismos financieros que permitan abatir los altos costos de inversión: “Estamos abiertos a la articulación de todos los actores. Elegiremos aquel que nos ofrezca la tasa más baja”, manifiesta el subsecretario, quien no sólo apunta a los organismos de desarrollo.
Al respecto, relata: “Hemos tenido contacto con agencias de desarrollo que nos ofrecen bonos y vienen acompañados de préstamos. Estos tienen tasas más altas que las que ofrecen otras entidades. Esto implica que el bono equivale al monto del financiamiento”.
Al respecto de los taxis eléctricos, desde el gobierno de la ciudad se otorgará un “bono de chatarrización”, el cual implica el otorgamiento de USD 5 mil a fondo perdido para descartar los vehículos a combustión y poder adoptar la tecnología eléctrica.
“Con los taxis se puede efectuar un beneficio muy importante. En Ciudad de México hay 140.000 registrados. Es una cantidad gigantesca y se puede dar una transición muy interesante en este nicho”, expresa Díaz.
Se calcula que un auto en este servicio puede transitar unos 250 km diarios, con lo que se estima una disminución en el costo operativo considerable. Se espera aumentar el monto ofrecido y para ello se establecen conversaciones con la comunidad europea y con el Banco de Desarrollo Alemán.
Sobre la adopción de vehículos eléctricos para uso particular, desde la SEMOVI se afirma que priorizan al transporte público.
“Ahí es donde tenemos el mayor beneficio social. No veo razonable, en una ciudad con las carencias de CDMX, la utilización del dinero público para beneficiar la compra de autos eléctricos para el 1% más rico de la población”, asevera Rodrigo Díaz.