Argentina | Vehículos Eléctricos
miércoles 03 de abril de 2024
Un adelanto. Cadena de valor de electromovilidad «sienta las bases» para proyecto de ley común en Argentina
Actores de la cadena de valor de los vehículos eléctricos en Argentina se reunieron para establecer un principio de acuerdo para la promoción y regulación de la tecnología ¿Cuáles son los requerimientos de cada uno de ellos? Mobility Portal Latinoamérica estuvo presente y trae un adelanto.
Cadena de valor de electromovilidad "sienta las bases" para proyecto de ley común en Argentina
Diferentes actores del sector se reunieron para guía de un proyecto de ley.
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Empresas y representantes del sector de la electromovilidad en Argentina se reunieron en la Cámara de Diputados para debatir sobre las necesidades legislativas comunes.

En el marco del Foro Legislativo de Movilidad Sostenible y Agenda 2030, dejaron en claro sus posturas en cuanto a oportunidades, problemáticas y desafíos. El objetivo es elaborar un documento técnico y científico que sirva como guía para un proyecto de ley.

La producción y el ingreso de vehículos eléctricos, baterías y cargadores enfrentan desafíos que obstaculizan el desarrollo de la movilidad eléctrica en Argentina: falta de financiación, restricciones a la importación, altos costos aduaneros.

Las mesas de trabajo congregaron a cámaras, asociaciones, sindicatos y cadena de valor productiva, fabricantes e importadores de vehículos, autopartistas, profesionales y referentes de la industria automotriz.

Motos eléctricas

El mercado de motos eléctricas es emergente en Argentina (0,5% del total) y la economía de escala genera la principal barrera aguas arriba con efectos negativos como el costo de inversión para fabricar.

No se puede generar una sinergia entre motos eléctricas y modelos de alta cilindrada a combustión, por lo cual requieren de un tratamiento especial.

El planteo es que si se mantendrá el régimen de integración, deben reducirse los aranceles de importación o pensar en un esquema de cupos para su ingreso al país.

La mesa conviene en el desarrollo de la producción eléctrica nacional con los efectos de derrame que produce en otras industrias, ya sea fabricación de controladores o de baterías.

Desde el punto de vista normativo, apuestan por incorporar la clasificación L1 E, como tiene la Unión Europea. Hoy una motocicleta cuesta alrededor de 3 millones de pesos sólo para homologación y a ello hay que sumarle los costos de ensayo.

Proponen, además, la exención de patentes a nivel nacional, IVA discriminado del 10,5% y financiamiento para la compra.

Participaron Analía Rocha (Cámara Argentina de la Motocicleta), Pablo Guirin (López Hns.), Gaspar y Agustín Toboada (Confederación Argentina Motociclismo Deportivo) y Franco Odesso (Rid-e).

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Vehículos eléctricos L6 y L7

“No hay nada que inventar. Falta algún esquema de fomento porque la escala es pequeña. Podemos copiar lo que están haciendo en otros países”, plantean los líderes del segmento.

El desafío más importante es “evangelizar” para que la gente adopte la movilidad eléctrica en Argentina. Y el gobierno «debería poner de su parte incorporando un pequeño volumen de unidades eléctricas a sus flotas».

Pugnan por un esquema que facilite la inversión extranjera -que hoy por el tipo de controles cambiarios es muy difícil – y mayor flexibilidad porque hay partes electrónicas que no se fabrican en el país y resulta complicado ingresarlas.

Están conformes con la normativa para L6 y L7, pero así como hay reciprocidad con la homologación europea, piden que “un coche fabricado en Argentina se pueda presentar y homologar en Europa”.

Participaron Juan Manuel Baretto (Coradir S.A.), Agustín Passerini (Astor) y Alejandro Bustamante (Sero Electric).

Estaciones de carga y transición energética

Los planteos en infraestructura de carga tienen que ver con la unificación del tipo de conector, disminución de costos e implementación de cargadores del Tipo 2 para carga alternativa y de Combo 2 para carga contínua.

También evidencian, al igual que en las otras mesas de trabajo, la necesidad de financiamiento para acceder a los cargadores y analizar mecanismos de cobro.

“Necesitamos que se bajen los aranceles de importación, diferenciando componentes y productos terminados, y que eso tenga alcance para accesorios que estén destinados a la fabricación y mantenimiento de los cargadores”, sostienen.

A la par, hacen hincapié en actualizar el registro de cargadores de la Secretaría de Energía para facilitar el proceso de carga de la información.

La utilización de estos datos permitiría proyectar el consumo de la red eléctrica y definir los requisitos para que se tenga alcance nacional. Hablan de nuevas formas de recargas como las recargas por inducción.

Participaron Lucía Capello (Vulletic), Roberto Stazzoni (ABB), Felipe Fisher (Charge BoxNet), Fernando Cónema (Montero), Marcelo Claudio Castaño (Sicame), Matías Grosso Basto (Siemens) y Ian Kloster (Tech Ventures Hub S.A.).

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Fabricación de baterías de litio en Argentina

La problemática pasa por la falta de financiación y de incentivos, tanto para la fabricación de baterías en Argentina como para priorizar la producción local ante el avance de las importaciones.

“La fabricación asiática de estos insumos ha abaratado muchos los costos, pero se ha abaratado también la calidad. No hay forma de competir porque los costos son muy bajos, pero ingresan al país baterías de muy mala calidad y no tenemos capacidad de controles”, sostienen.

Hacen énfasis en que en Argentina no se promueve la industrialización del recurso y se exporta “casi crudo”.

“No hay desarrollo de industrias de los insumos complementarios para la cadena de valor de baterías de litio”, plantean.

Participaron Ricardo Herrera (UNDAV) y Silvio Colombo y Soledad Hodes (INTI Baterías).

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