La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación convocó al foro “México Hacia un Futuro Libre de Combustibles Fósiles”, donde circuló la idea de aplicar “presupuestos de carbono” para descarbonizar el parque vehicular en el país.

José Luis Samaniego, de la WRI, explica cómo se podrían implementar los presupuestos de carbono.

Así lo explica José Luis Samaniego Leiva, director ejecutivo del Instituto de Recursos Mundiales en México y Colombia (WRI).

“El instrumento más poderoso que podría tener México es la asignación de presupuestos de carbono sectoriales”, indica el experto.

Esta medida implicaría colocar un tope a través de leyes o disposiciones ejecutivas para la emisión de carbono en cada uno de los sectores.

La idea se respalda en corresponder los compromisos internacionales efectuados por el Estado mexicano en el marco de la COP27 con las legislaciones internas del país.

Vale mencionar que en su Contribución Nacional Determinada (CND) el país se comprometió a disminuir en un 35% su huella de carbono hacia el año 2030.

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Para fundamentar la propuesta, Samaniego ejemplifica con el caso chileno:

“En el caso de Chile se estableció por ley la asignación sectorial de un presupuesto de carbono para cada sector, entre ellos el de la movilidad”.

Y suma: “Eso lleva a prever cuál va a ser la base material y la transformación estructural con la que se va a poder cumplir con ese presupuesto”.

A su vez, esta disposición pública obligaría a “acomodar” el marco regulatorio y la política fiscal y financiera para que surja esa nueva base material.

Por otro lado, el director del WRI indica que la medida obligaría a los distintos actores a la moderación en materia ambiental sin necesariamente generar una “pérdida de bienestar”.

Inclusive, expresa que la transición hacia la tecnología eléctrica en este sector podría aumentar el nivel de empleo y sostener la inclusión social al mismo tiempo que se reduce la huella de carbono.

Otros presupuestos: ¿Qué sucede con la adopción del precio de los vehículos eléctricos?

Una de las barreras para la adopción surgen debido a los altos presupuestos que implica la compra de los coches eléctricos en comparación con los convencionales.

Si bien existe un acuerdo generalizado en que esta diferencia podría equipararse a medida que disminuyan los precios de las baterías, también se exigen incentivos fiscales para equiparar los costos.

Es el caso de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). La misma presentó un plan para la implementación de políticas que aumenten significativamente la adopción de esta tecnología.

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Desde el WRI se explica que la distribución del ingreso actual en México no permite la adopción de vehículos eléctricos.

“Es una minoría la que está en condiciones de comprar un auto de más de 50 mil dólares”, sentencia Samaniego.

Y amplía: “Tardará mucho tiempo para que el mercado se extienda y compita con los vehículos de combustión para que los sectores medios puedan acceder. Es posible que no lo podamos ver en la primera mitad del siglo 21”.

Vale mencionar que este período entraría en contradicción con las metas ambientales del país.

La movilidad en México es la segunda fuente de emisión con casi el 20% del inventario de carbono.

A su vez, entre el año 2000 y 2021 el parque vehicular se triplicó y se calcula que para el 2050 se dupliquen las emisiones en este sector de no aplicar medidas.

En sintonía con la industria automotriz, la WRI considera que de emplearse políticas acertadas, esta situación podría revertirse.

“La electrificación podría lograrse entre cinco y diez años si tenemos los incentivos adecuados, la regulación en su lugar, el presupuesto de carbono, el financiamiento y la política fiscal”, indica Samaniego.

Incluso, sostiene: “Quedaría un excedente de combustibles para exportar. No tendríamos que prever que todavía en el 2040 deberíamos satisfacer la movilidad en ciudades”.

Para ello, precisa que es necesario iniciar con el transporte público como “una señal política progresiva” que podría derramarse en los demás segmentos de la movilidad.

Para acompañar esta medida, vale mencionar que la infraestructura urbana debería presentar modificaciones.

El país produce vehículos, pero no los compra: “Hay un problema de coordinación”

Según indica Isabel Studer, directora de la Alianza Mx de la Universidad de California, el 90% de los vehículos producidos en México se exportan.

El 76% de ellos se dirigen a Estados Unidos. De ellos, distintas automotrices producen vehículos eléctricos.

Según un informe de Directorio Automotriz, son nueve los modelos de vehículos cero emisiones los que se confeccionarán y suman más de 200.000 unidades.

Sin embargo, la proyección de ventas de vehículos electrificados en México para el 2023 no supera las 60.000 unidades.

Otro ejemplo de ello es la planta de Tesla, la cual producirá un millón de vehículos eléctricos en México aunque, según pudo precisar Portal Movilidad la cancillería mexicana, los mismos se exportarán en su totalidad.

Sin embargo, según los industriales del sector los mismos sólo se dirigirán hacia el mercado interno en la medida que aumente la demanda.

Samaniego, por su parte, explica lo siguiente:

“En México hay industria automotriz y no se adquieren vehículos eléctricos por un problema de coordinación y escala. La industria no está respondiendo. Está pasando en todas nuestras ciudades”.