Este miércoles, gremios de transportistas realizarán un paro de 24 horas, agrupando al 30% de unidades que transitan en Lima y Callao. Esta manifestación corresponde a una serie de reclamos, que incluye la ampliación de la autorización para ofrecer el servicio por cinco años, entre otros.
En ese contexto y a días de las elecciones presidenciales, María Jara, presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, declaró que estas inquietudes ya fueron respondidas previamente a los interesados y que se está trabajando en varios de los requisitos solicitados, teniendo siempre en mente la formalización del sector.
En consecuencia, aclaró que “apenas el Congreso de la República lo permita, se otorgarán hasta cinco años de autorizaciones, sujeto al cumplimiento de obligaciones”. Esto último incluye, por parte de los operarios, el pago sin contacto, contar con gps y poner a los trabajadores en planilla.
Además, destacó que “en este gobierno de transición no van a haber procesos de concesión”. En ese sentido, explicó que “no habrá convocatoria para completar los paquetes de corredores complementarios”.
El motivo de esta situación, plantea la dirigente, es la crisis económica que azota al país, la cual impide que operadores apuesten por invertir para completar los paquetes.
Pasado el gobierno de transición, se analizará la economía del momento y se hará una evaluación técnica para implementar los procesos de licitación.
¿Qué sucederá con los buses eléctricos?
Frente a las declaraciones de Jara, parte del sector que integra la electromovilidad en el país expresó su preocupación, entendiendo estas medidas como un freno a la transición hacia buses cero emisiones.
Según algunas fuentes consultadas por Portal Movilidad se trata de “un plan perfecto para que no entre ningún bus eléctrico por cinco años”.
Respecto a los problemas económicos que impulsan, en parte, estas decisiones aseguran que “los bancos multilaterales se han acercado diciendo tener capital para prestar al gobierno peruano y que este arregle y modernice las flotas en Perú”. Y concluyeron: “Se nota que con estas decisiones no hay voluntad política”.
La alternativa que encuentran es que el gobierno que sea elegido en las elecciones del domingo tenga otra opinión sobre la situación y modifique la medida de la ATU.
Por otro lado, otros actores consideran que el anuncio fue una medida consecuente al cronograma ya planteado por ATU, que ya había adelantado que cualquier posible licitación se efectuaría a fin de año.
“Lo que sí me llama la atención es que extiendan las autorizaciones actuales a cinco años. No entiendo por qué habría que dar autorizaciones tan largas si estamos pensando en licitaciones para fin de año”, se cuestiona José Luis Torres, sales manager de BYD.
Y agrega: “Igualmente todavía falta mucho por hacer. Que esto se actualice a cinco años no significa que no va a haber movilidad eléctrica. Hay muchos corredores por licitar todavía”.
“Es necesario formalizar el sector y para hacerlo se deben dar las condiciones para desarrollar la movilidad sustentable. Con el sistema como está no va a ser sostenible la transición a cero emisiones. Para que un inversionista ponga plata son necesarias reglas de juego claras”, cierra Torres.