La Ley Movilidad Sostenible ha sido una de las tantas y grandes deudas del Partido Socialista con la electromovilidad. 

Las demoras en su tratativa y ahora su freno total a causa del adelantamiento de las elecciones la ponen una vez más en el foco. 

Y en este caso, Antonio Silván Rodríguez, responsable de movilidad sostenible del Partido Popular (PP), es quien apela a su estado actual.

Desde su punto de vista detener la tramitación de la Ley Movilidad Sostenible es “lo mejor que ha pasado”. 

Pero, ¿por qué? según lo que expresa “en la movilidad no debemos hablar de ideología y se debe escuchar a todos los sectores implicados”. 

El pasado 13 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). 

Luego de ello se avanzó sobre el plazo de presentación de enmiendas en el Parlamento que dio lugar a más de 1.000 propuestas.

Y en su paso por la primera mesa de debate del I Congreso de Movilidad Inteligente y Sostenible, organizado por Prensa Ibérica, no vacila un segundo en explicar la relevancia de todas esta propuestas.

Silván Rodríguez explica que recibió quejas de muchas entidades que “ponían de manifiesto la opacidad del texto inicial”.

Además esto queda representado en las enmiendas enviadas a la Ley Movilidad Sostenible.

 “Las medidas deben realizarse desde el acuerdo, no desde la imposición”, remarca en este punto. 

Antonio Silván Rodríguez, responsable de movilidad sostenible del PP, Marta Serrano Balbuena, responsable de movilidad sostenible de Sumar, Arcadi España, secretario de transportes, movilidad sostenible, vivienda y agenda urbana del PSOE y Mireia Borrás, diputada de VOX.

¿De qué tratan las enmiendas a la Ley Movilidad Sostenible?

Todas ellas ponen el foco principalmente en comenzar a regular aquellos puntos que debía abarcar.

Pero particularmente se puede hacer foco en 60 presentadas por Transport & Environment (T & E).

Carlos Bravo Villa, representante de la organización, en diálogo con Portal Movilidad España detalla cómo el proyecto presentado “no solo ha llegado a quedarse a medias, sino que ni siquiera ha comenzado a regular aquellos puntos que debía abarcar”. 

“Ahora mismo esta ley es una oportunidad perdida para establecer un buen sistema de transporte y movilidad descarbonizada en todos los ámbitos”, apunta sin vacilar al ser consultado por su lectura de la misma.

Pero, ¿a qué se debe la disconformidad?

La lista es larga, pero avanzando punto por punto puede verse desde un primer momento, desde la óptica de T&E y otras 15 organizaciones, que la administración no se ha animado a establecer “objetivos y plazos claros” para  aportar a la reducción de emisiones y promover la base de la normativa: la sostenibilidad.

Falta de objetivos concretos

A lo largo de a Ley Movilidad Sostenible realizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no hay ninguna referencia a una meta concreta para descarbonizar el transporte.

Según han estudiado los especialistas a cargo de realizar el seguimiento de la normativa, no se han establecido disposiciones a 2050 para ser conforme al acuerdo de París y a los compromisos internacionales de España y la Unión Europea.

Es por ello que se cuestiona la “falta de una hoja de ruta” en la Ley Movilidad Sostenible.

En los casos más puntuales pueden verse controversias:

“En el transporte marítimo se habla de la utilización de una determinada serie de combustibles. Para nuestra sorpresa también se fomenta el uso del gas natural fósil como si se tratará de una opción sostenible, cuando lo cierto es que este combustible tiene mayor impacto climático que los combustibles fósiles convencionales».

A lo que agrega: ¿Cómo se puede pretender hacer la descarbonización del transporte marítimo fomentando el uso de otro combustible fósil?”.

Una de las reformas claves que deberían añadirse desde la óptica de T&E es que se eliminen los guiños a los combustibles fósiles y centrarse en el fomento de soluciones de combustibles verdes renovables de cero emisiones de origen no biológico (RUMBO.)

Esto, para el transporte marítimo y aéreo, sectores ambos cuya descarbonización no puede hacerse mediante electrificación directa.

Por el contrario, para el transporte terrestre (coches, furgonetas, camiones) la opción más inteligente y eficiente energéticamente es la electrificación directa, mediante el uso de baterías.

Carlos Bravo Villa, representante de Transport & Environment (T&E).

Mercancías

Todo lo dicho anteriormente se traslada directamente a este caso puntual, donde Carlos Bravo llama a que el Gobierno se anime a establecer fechas claras en la Ley Movilidad Sostenible. 

De cara a la propuesta para la revisión de los estándares de emisión de CO2 de vehículos pesados que la Comisión Europea presentará en próximas fechas.

Esto, en lo que respecta a la fecha para el fin de la venta de nuevos camiones a combustión, se solicita que España apoye la máxima ambición, es decir fijar esa fecha en el año 2035. 

T&E espera que los 27 lleguen a un acuerdo conjunto en el transporte pesado de mercancías por carretera, similar al alcanzado con el fin del motor a combustión en vehículos ligeros (coches y furgonetas). 

En el caso de estos últimos, aunque España se negó a firmar el Pacto de Glasgow en el marco de la COP 26, para no adelantarse o retrasarse a lo estipulado por el bloque.

Finalmente aceptó la fecha de 2035 propuesta por la Comisión Europea. 

Teniendo en cuenta esta experiencia, el vocero de Transport & Environment llama a que España se anime a apoyar la adopción de la máxima ambición al respecto cuando se discuta en el Consejo de la Unión Europea la propuesta de la Comisión sobre emisiones de CO2  de los vehículos pesados.

La gobernanza en la Ley Movilidad Sostenible

Una de las cualidades de la nueva ley de movilidad sostenible es que crea nuevos órganos para mejorar la coordinación entre Administraciones (Estatal, regional y local) y atender las diferentes necesidades de la ciudadanía en materia de movilidad. 

En la Ley Movilidad Sostenible se ha apuntado a la creación de un sistema digital e innovador, por medio del Espacio Integrado de Datos de Movilidad (EDIM).

Se espera que allí empresas de transporte, gestores de infraestructura y administraciones compartan sus datos, lo que permitirá optimizar la toma de decisiones de todos los actores.

“Aquí se debe priorizar la mejor manera de colaboración entre las diferentes administraciones y la central. Hay todo un título sobre cómo se estructura el denominado Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, pero poco se podrá avanzar en la descarbonización si la ley no tiene objetivos concretos y una hoja de ruta clara para conseguirlos”, destaca Bravo.