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lunes 12 de septiembre de 2022
Por problemas burocráticos se ralentiza la instalación de puntos de recarga en las gasolineras
A solo cinco meses para que entre en vigor esta norma contemplada en la ley de cambio climático, el Ministerio de Transición Ecológica aún no la ha aprobado.
La ley de Cambio Climático obliga a las gasolineras a incluir puntos de recarga para enero del 2023.
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Uno de los principales problemas que tiene el coche eléctrico es la falta de puntos de recargas. España se aleja del objetivo de tener en circulación 5 millones de estos vehículos en 2030.

Para intentar solucionar este problema e impulsar al coche eléctrico, el Gobierno incluyó en la ley de Cambio Climático un punto donde obligaba a las gasolineras que más venden de España a tener puntos de recarga para estos vehículos de cero emisiones.

Con esta medida en la mesa, para el 2023, el Ejecutivo se había fijado como objetivo tener instalados 100.000 puntos de recarga públicos, pero la realidad es que solo hay disponibles a día de hoy 14.000.

A menos de 5 meses de que entre en vigor la medida, el Ministerio de Transición Ecológica aún no ha aprobado la orden ministerial que certifica las estaciones de servicio afectadas. El departamento de Teresa Ribera asegura que el texto está a punto de ser aprobado.

El próximo 1 de febrero es la fecha que se había marcado como límite para que las estaciones de servicio que venden más de 10 millones de litros de gasolina o diésel al año instalaran estos puntos. Esto afecta a 200 estaciones.

En agosto, este número se ampliaría, ya que tendrían que sumarse aquellas que vendiesen más de 5 millones y las que están ubicadas en comunidades, islas o ciudades autónomas que no tengan gasolineras de más de 5.000 litros.

Según los cálculos del ministerio, en total esta medida afectaría a un millar de estaciones de servicio, a las que, sobre plano, les sería más sencillo rentabilizar estos puntos de recarga porque son las que están situadas en zonas de mucho tráfico.

Esta inactividad del Gobierno es algo que exaspera a la industria. De hecho, ANFAC critica que el 80% de la red la han impulsado las propias marcas y los concesionarios. Además, esto hace que la recarga rápida no esté presente en estas gasolineras, cuando es algo que se debería cubrir.

En el borrador se indicaba que las gasolineras cuyo volumen fuera de más de 10 litros tenían que tener, al menos, un punto de recarga de 150 kW y los de 5 litros otro de 50 kW.

Por su parte, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos ha pedido al ministerio eliminar las barreras que están frenando la instalación de estos puntos.

«Si bien la obra de instalación de un punto de recarga rápida y ultrarápida supone únicamente de 2 a 3 semanas de trabajo, debido a las distintas barreras administrativas, el proceso completo desde que se decide realizar la inversión en esta infraestructura hasta que la misma está en funcionamiento puede dilatarse de 1 a 2 años», señala.

Precisamente este es otro problema que destaca el sector. El Ministerio de Transición Ecológica aún no ha difundido el listado de cuáles son las gasolineras que deberán realizar estos cambios.

A ojos de la CNMC, esto puede conceder cierta ventaja competitiva a las grandes cadenas de estaciones de servicio porque saben de antemano, al ser suministradoras, cuál es su volumen de ventas en cada punto.

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