Omar García, el Director General de Lucky Lion, plantea a Portal Movilidad sobre la necesidad de brindar respuesta a los clientes que adquirieron una moto eléctrica cuando comenzaron sus actividades comerciales, en el año 2007, es decir, previamente a la regulación establecida por el Decreto 32/2018.

Es que, luego de esta normativa, la firma advierte que los usuarios que habían adquirido las motos eléctricas resultaron «legalmente» desprotegidos.

“Desde 2007 importamos motos eléctricas. En su momento trajimos una muestra y consultamos a la Aduana, al INTI y al Ministerio de Industria qué se podía traer para comercializar, de qué manera y de qué forma porque estaba bastante nuevo el tema”, introduce el empresario.

Recuerda que las instituciones guiaron a Lucky Lion sobre los pasos a seguir, en aquel, motos eléctricas con pedales. Y hasta apunta que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) demoró 14 meses en homologar sus productos, tras el Decreto 32/2018.

“Las primeras motos que llevamos al INTI a homologar datan de 2008″, precisa García. Y aclara que «el problema es que no había procedimientos para realizarlo en esa época”.

En síntesis, advierte que a partir del Decreto 32/2018 “se generó un bache de motos eléctricas».

Por eso, el Director General de Lucky Lion insiste con un planteo: «hay que buscar un marco legal porque va a traer un problema a la larga o a la corta”.

En cuánto a cifras, indica que hay más de 10 mil personas que compraron motos antes de la regulación.  Y si bien señala que se plantearon alternativas al Ministerio de Producción, al momento no prosperaron.

“Sabemos que comparados con los que traemos ahora, los vehículos que traíamos antes no pasarían los ensayos de estándares que piden hoy pero aseguramos que funcionan perfectamente”, fundamenta García.

Nuevo trámite

La propuesta elevada a las autoridades tiene que ver con implementar un trámite similar al que se realiza en la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

García lo explica así: “que se pueda brindar un número de placa identificatoria con el vehículo y que pase una serie de ensayos para que la persona pueda utilizarla sumándole el casco, el seguro y el registro en los lugares que se exige”.

“Desde nuestro lugar tratamos de impulsar una modificación en la ley para que se puedan homologar los vehículos”, comparte el ejecutivo, al tiempo que agrega: “La burocracia es gigantesca acá; es muy difícil”

“Antes que salga el decreto veníamos anticipándonos y trayendo modelos con certificación europea, lo que facilita un poco el proceso porque lo que se hace acá es revalidar ensayos que se hicieron en Europa”, menciona el empresario.

Avances

Omar García cuenta que se están buscando alternativas con algunas compañías para conseguir seguros a medida de las motos eléctricas «más allá que no tengan patente”.

Sostiene que se puede realizar considerando que todas las unidades tienen número de chasis y motor identificables con el usuario. Estas aseguradoras ofrecen además el servicio de responder ante un siniestro.

Así lo demuestra su experiencia: “Cada vez más gente se aboca a los vehículos eléctricos y con la pandemia se intensifica”, a pesar que «es difícil la competencia en el mercado con los vehículos a combustión».