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viernes 14 de julio de 2023
Electromovilidad para Latinoamérica: Entre la oportunidad económica y el impacto ambiental
La reducción de emisiones en los países centrales del mundo necesita los recursos del sur. La oportunidad de generar valor agregado se enfrenta a las externalidades. ¿Europa se electrifica “a costa” de Latinoamérica?
Oportunidad Latam
Latinoamérica tiene la oportunidad de proveer de recursos a Europa, aunque el impacto en el desarrollo económico y ambiental pesan en la balanza.
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Europa cuenta con un objetivo ambiental vinculante: hacia 2035 deben dejar de fabricar vehículos a combustión. El litio y el cobre, fundamental para el proceso, se encuentran principalmente en Latinoamérica.

Leer más: El “nuevo petróleo” en era de electromovilidad ¿Cómo es el tratamiento del litio en Latinoamérica?

A su vez, la crisis energética generada a partir del conflicto Rusia-Ucrania pone en jaque a las autoridades europeas, que buscan electrificar distintos sectores en la carrera por reducir emisiones.

Esta orientación ha llevado, inclusive, a la quita de bonificaciones  y permisos de importación de productos con «alta» huella de carbono provenientes de los mismos países que aportan recursos para su transición.

En ese sentido, de los diez millones de vehículos eléctricos vendidos en el mundo durante el 2022, el 50% fue en China. En Europa, uno de cada cinco vehículos comercializados fue cero emisiones.

Por otro lado, los países latinoamericanos, que cuentan con una menor inserción de vehículos eléctricos en el mercado automotriz, presentan distintas realidades económicas a resolver.

En el caso de Argentina, por ejemplo, resulta gráfico: el país necesita divisas para hacer frente a la escasez de dólares y cuenta con gran cantidad de litio en sus arcas.

En ese marco, la exportación del carbonato de litio para la fabricación de celdas es un negocio en auge.

Sin embargo, el país está lejos de avanzar en la electrificación de su transporte, siendo que la suma de los porcentajes entre eléctricos e híbridos representa un 1,92% de las ventas del mercado.

Por otra parte, en materia de emisiones, según señalaron los investigadores trasandinos a Emol, citando otros estudios, en el Salar de Oroz en Argentina, el mismo indicador se eleva a 6.650 kg CO2 por tonelada de carbonato de litio desde salmuera.

A su vez, el impacto en materia hídrica para obtener el litio en piletas y la disputa por el territorio con habitantes nativos genera externalidades negativas a discutir.

Oportunidad con peros en Latinoamérica

oportunidad

Felix Dorn, investigador de la Universidad de Viena, describe tensiones y oportunidades en la descarbonización para Latinoamérica.

Para analizar la situación, Felix Dorn, investigador post-doctoral especializado en economía política aplicada al litio y al hidrógeno de la Universidad de Viena, aporta coordenadas de esta encrucijada en diálogo con Portal Movilidad.

“Es una contradicción global. Es una zona de sacrificio verde”, indica Dorn en relación a Latinoamérica.

Y amplía: “Sin embargo la tecnología refleja las relaciones sociales. Esta tecnología está construida en favor de un sector privilegiado.

Eso lo observamos tanto a nivel global norte- sur pero también dentro de Europa”.

¿La producción de baterías podría ser una posibilidad de desarrollo?

 

Al plantear una tensión entre huella de carbono y desarrollo económico, se disparan distintos debates en los países del sur. Su dimensión político económica entra en una encrucijada «difícil» de sortear.

Por un lado, surge la posibilidad de pensar a los países periféricos como productores de baterías y así sumar valor agregado a la extracción del litio y su posterior transformación en carbonato.

“Tengo más preguntas que respuestas. Trabajando mucho tiempo en Jujuy y hay gran cantidad de anuncios de apertura de fábricas de baterías en la provincia.

Me pregunto cuánto de eso es sólo discurso para legitimar la extracción y cuánto de ello es un ascenso en la cadena de valor”, indica Dorn.

Y añade: “Haría falta más transparencia. Para la población claramente la fábrica de baterías sería bueno”.

Sin embargo, el académico plantea que la investigación no está articulada a la actividad minera, lo cual podría colaborar en el proceso de desprimarización del sector.

“Eso es un peligro, porque hay mucho conocimiento en el país pero la necesidad de las divisas hace que nadie modifique las normativas para controlar la salida y que la actividad científica no esté desvinculada”, indica el experto en economía política.

Sobre las posibilidades de “salida” de la encrucijada, existen distintas posturas sobre el tratamiento de los recursos naturales y su explotación.

En Chile y Bolivia, por ejemplo, se dispusieron estrategias nacionales para el tratamiento del litio y las dos plantean el abordaje del mineral desde empresas estatales.

“En Bolivia aolicaron la idea de disponer los recursos “del pueblo para el pueblo”, aunque después comenzaron a notar que faltaba tecnología y conocimiento. Entonces acudieron a socios extranjeros para avanzar en la extracción”, narra Dorn.

Y suma: “Algo parecido aparece en Argentina. Hay una cierta violencia estructural de los países centrales, China incluido, que hace que el país no pueda modificar su situación”.

Dorn entiende que el control del proceso podría ayudar a industrializar el recurso, y también reconoce que hay “maneras buenas” de vincularse con el sector privado.

“También hay que mirar a los distintos pueblos que no lo quieren. Ahí no es solamente una cuestión de cómo ascender la cadena sino la escala de la extracción misma”, asevera el experto.

¿Extracción con reducción de daños?

Otra arista del debate tiene que ver con avanzar en la extracción minera, pero invirtiendo en tecnología de manera tal de reducir el impacto ambiental.

“El problema es que eso tiene un costo. Allí un estado fuerte sería una gran ventaja, pero desgraciadamente, y eso tiene que ver con esa violencia estructural y con los mercados financieros, no lo es”, explica el posdoctorado.

Y suma: “No son solo contradicciones económicas sino de control estatal. Con una mayor regulación se podrían mejorar aspectos”.

Sin embargo, admite que el mayor control del estado no implica una mayor participación de la sociedad en este proceso.

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