Ahora que disfrutamos de la Semana Santa, se viene a la cabeza la representación de la primera estación del Via crucis, en la que Poncio Pilato se lavaba las manos y con ese gesto sellaba la condena a muerte de Jesús: “Inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis» (Mateo 27:24).

Y no hay mejor ejemplo para definir lo que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha hecho con los servicios compartidos de patinetes eléctricos en la Ciudad de la Luz.

Según plantea AEDVE, se lava las manos y deja que menos de un 10% de los 1,3 millones de ciudadanos llamados a votar (básicamente los residentes en los barrios metropolitanos, que además no usan el servicio) decida su continuidad.

Mientras tanto, los ciudadanos de los suburbios, que representan el 75% de los usuarios no turistas de patinete eléctrico compartido, no han podido pronunciarse al respecto.

Lo sorprendente es que dicho sufragio estaba solo dirigido a los servicios de movilidad compartida y no al uso de patinetes privados, lo cual es un sinsentido por cuanto los primeros mantienen los patinetes en condiciones óptimas de servicio mediante revisiones periódicas.

Además disponen de herramientas online que permiten una gestión eficiente y controlada de los vehículos, incluso de sus velocidades en función del volumen de peatones, garantizando la seguridad del usuario y del entorno, mientras que los segundos no.

Así, la seguridad vial ha sido otro de los argumentos esgrimidos para demonizar estos servicios.

Pero lo cierto es que las cifras de siniestralidad que se han utilizado no han tenido en cuenta que la inmensa mayoría de los accidentes han sido producidos por vehículos particulares y ningún fallecimiento se ha debido a la acción de unidades compartidos.

El de París es un ejemplo más de las muchas administraciones públicas que no parecen entender que, bien gestionada, estos modelos aportan un valor añadido a la movilidad urbana.

«Esta permite aumentar las opciones para el desplazamiento de personas en las ciudades, promoviendo el uso del transporte público, reforzando la apuesta por la reducción de emisiones y descongestión del tráfico», según sostiene AEDIVE.

Salvo algunas excepciones, la mayoría de los ayuntamientos tratan la movilidad compartida con patinetes eléctricos como una fuente de ingresos “que no moleste”, más que como una solución de movilidad sostenible que facilita la vida a muchos ciudadanos en sus desplazamientos urbanos cotidianos.

De esta manera, hay ayuntamientos españoles que han optado, aun habiendo sido advertidos por AEDIVE del error que cometían, por publicar concursos basados en subastas de lotes de patinetes.

Esto, como si la movilidad compartida fuera una tómbola en la que gana el mejor postor, no la empresa que mejor calidad de servicio preste.

Otras administraciones se han preocupado más por obtener ingresos a cambio de licencias, aun aceptando bajas temerarias en los concursos públicos.

Las cuales, hacían imposible la prestación adecuada del servicio, lo que ha resultado en un desastre donde se ha otorgado el servicio a operadores que aceptaron precios imposibles.

Posteriormente, las empresas han tenido que abandonar el servicio o duplicar su coste, contraviniendo los preceptos establecidos en las bases de la licitación y con la anuencia del consistorio.

Otros ayuntamientos como el de Sevilla sí ha hecho los deberes.

Las autoridades se han reunido con las empresas que prestan el servicio con seriedad y compromiso, garantías de calidad, servicio y seguridad para el usuario y los viandantes.

Además, han puesto a disposición de sus ciudadanos un modelo adicional de movilidad sostenible que está dando muy buen resultado no solo en la capital hispalense, sino también en muchas ciudades de diversa tipología dentro y fuera de España.

La movilidad compartida con patinetes no es algo que se deba dejar en manos de un referéndum popular.

Desde la optica de AEDIVE: «Es una responsabilidad inherente de cada ayuntamiento a la hora de plantear soluciones eficientes de movilidad sostenible para que el ciudadano pueda optar con libertad a la que mejor se adapte a sus necesidades en cada momento, garantizando la seguridad del servicio».