La electromovilidad es un tema pendiente en la Argentina. De hecho, el Foro legislativo de Movilidad Sostenible y Agenda 2030 se convocó con el objetivo de elaborar un documento guía para proyectos de ley.

Fue la diputada del Pro, Silvana Giudici, quien tomó la palabra y “apuró” el consenso para establecer una normativa en el país.

“Tenemos que hablar no sólo de la punta de la cadena, sino de todo los actores que deben moverse para regular la electromovilidad en Argentina”, refiere, como parte de la estrategia común.

Pone el acento en varios puntos específicos: recursos naturales que hacen falta, planificación de la industria, y cuestiones qua atañen estrictamente al ámbito tributario y fiscal.

La mirada abarca a todos los sectores porque en cuestiones de electromovilidad hay infinidad de dispositivos que hacen a la producción de la industria en su conjunto.

“Debe promoverse desde la extracción del litio y del hidrógeno verde hasta la producción de baterías, componentes y vehículos terminados”, enfatiza.

Mobility Portal Latinoamérica formó parte del debate en el que la legisladora tomó un rol activo para que se fomenten iniciativas parlamentarias que acompañen la actividad.

Se pusieron como ejemplo a países como Noruega y Dinamarca, aunque las metas puertas adentro son mucho más a largo plazo.

Noruega, por caso, tiene el 80% de su parque automotor electrificado y Dinamarca el 20%.

“Argentina no puede compararse, pero si ponemos la meta en un esfuerzo colectivo de la industria, del sector privado y estatal, del Congreso, seguramente vamos a agilizar el tránsito hacia la movilidad eléctrica”, plantea Giudici.

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Electromovilidad: qué se hizo hasta ahora

Si bien hasta el momento no se presentó un plan específico para abordar la electromovilidad, en materia de política energética el nuevo gobierno apunta a una mayor iniciativa del sector privado, menos intervención estatal y precios de libre mercado.

En el marco del Future Energy Summit, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, destacó el rol que tiene la electromovilidad para el gobierno de Javier Milei.

“La electromovilidad, la movilidad sustentable, son también herramientas para la transición energética”, planteaba.

Más atrás en el tiempo, durante la gestión de Mauricio Macri, el decreto 32/2018 reconocía a los vehículos eléctricos y permitía su homologación.

Luego, a partir de distintas iniciativas de los ministerios de Industria y Economía, se logró un incentivo fiscal para la importación de entre un 2 y un 5% de desgravamiento para poder importar vehículos eléctricos.

Durante la presidencia de Alberto Fernández, el proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable, que llevaba la firma del exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, estuvo más de dos años cajoneado.

Esta propuesta originalmente contaba con 82 artículos, que intentaban establecer un régimen con beneficios y requerimientos para incentivar tanto la compra como la producción de vehículos eléctricos.

Uno de los artículos más resistidos era el 79, que prohibía la comercialización de vehículos con motor de combustión interna a partir del 2041.

Las áreas de Industria, Asuntos Estratégicos, Transporte y Energía avanzaron más tarde en una ley “corta”, pero tampoco logró tratamiento legislativo.

Planteaba beneficios para la producción y exportación de vehículos eléctricos, incentivos a la producción de electropartes, beneficios para la producción de vehículos de movilidad personal eléctricos, incentivos a la formación profesional y avance en regulación de retrofit.

“No se trata de una mirada parcial. Debemos generar toda la normativa que ayude tanto al desarrollo de las energías alternativas como al desarrollo de la industria”, enfatiza Giudici.