La Asamblea Legislativa de Costa Rica está comenzando a estudiar un nuevo proyecto de ley que plantea crear una red de carga para vehículos eléctricos, cuyas estaciones serían operadas por los distribuidores de electricidad.

Kattia Cambronero Aguiluz, diputada del Partido Liberal Progresista, ingresó la propuesta normativa para el fomento a la infraestructura de recarga eléctrica y estrategias para la movilidad sostenible el 14 de febrero.

En concreto, la iniciativa busca que las distribuidoras de electricidad sean las encargadas de desarrollar, operar y vender el servicio de recarga para vehículos eléctricos.

Actualmente, las empresas que brindan el servicio eléctrico en el país son ICE (zonas rurales en todo el país), CNFL (San José), ESPH (Heredia), JASEC (Cartago), Coopeguanacaste (Guanacaste), Coopealfaroruiz (Alfaro Ruiz), Coopesantos (Zona de los Santos) y Coopelesca (San Carlos).

Serían entonces estos proveedores los responsables de las estaciones de carga para los vehículos eléctricos, bajo normas que definiría el Ministerio de Ambiente y Energía.

La iniciativa de ley plantea que cada estación de recarga debería instalarse al menos cada 80 kilómetros en carreteras nacionales y mínimo cada 120 kilómetros en caminos cantonales.

Sin embargo, el Ministerio podría modificar los requerimientos de distancia si lo considera necesario, de acuerdo con el crecimiento anual y proyectado del parque vehicular eléctrico.

Además, el documento señala que las distribuidoras de energía eléctrica podrán prestar el servicio de recarga solas o a través de alianzas, asociaciones, coinversión u otras estructuras de negocio.

Y será la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos la que establezca las tarifas que podrán cobrar las distribuidoras de recarga.

El proyecto de ley pretende modificar la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico. Desde 2018, Costa Rica aprobó dicha ley con el objetivo de brindar estímulos al uso de vehículos eléctricos.

La ley de 2018 establece incentivos como la exoneración de impuestos para algunos vehículos eléctricos, para la importación de partes y repuestos, a las partes en la construcción de centros de recarga, al total del pago del derecho de circulación anual por cinco años, entre otros.

Ahora la intención de la propuesta de ley de Kattia Cambronero Aguiluz es que también se incluya la implementación de centros de carga eléctrica dentro de esa normativa.

En la argumentación de la iniciativa, la diputada sostiene que esto permitiría responder al aumento en la flotilla vehicular eléctrica que creció un 55 por ciento en 2022 a nivel mundial. En ese año, la venta de vehículos eléctricos representó 13 por ciento de las ventas totales.

Sólo en Costa Rica la importación de vehículos eléctricos también ha incrementado. Hasta diciembre de 2023, se contabilizaban 12 mil 302 unidades en el país, lo que refleja una subida de 87 por ciento año con año.

Según retoma DPL, de acuerdo con el proyecto de ley, 2023 fue el año con mayor importación de vehículos eléctricos durante los últimos seis años, es decir, desde que existe la ley de incentivos.

Actualmente, únicamente hay 48 cargadores rápidos en Costa Rica, según el Ministerio de Ambiente y Energía. Para 2026, la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica prevé que haya 49 mil 286 vehículos eléctricos en el país, lo cual requiere fortalecer una red de infraestructura de carga eléctrica.

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