Por el momento, el país no cuenta con una ley que promueva la movilidad eléctrica y el sector espera con ansias tener novedades en los próximos meses, tras haber presentado la iniciativa por parte de la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala (AMEGUA).
“Esperamos una resolución el año entrante ya que cada vez es más intensa la necesidad de incorporar alternativas”, señala Juan Carlos Botrán, presidente de AMEGUA en el especial “Movilidad Eléctrica en Latinoamérica y el Caribe” de Portal Movilidad.
A pesar de que el proyecto, de momento, se encuentra demorado, el sector es optimista a causa de la creciente demanda y detecta consenso por parte de los diputados.
Vale recordar que Botrán ha conversado en 2020 con la legislatura guatemalteca para establecer un nuevo proyecto completo y más abarcativo.
En esa instancia, preveían incentivos fiscales dirigidos a los usuarios y fabricantes del rubro. A su vez, se sumarían exenciones fiscales, regulaciones que abaraten los costos de compra-venta y normas dirigidas a la importación.
Tal como había adelantado el Viceministro Encargado del Área Energética, Manuel Eduardo Arita a Portal Movilidad, de momento, las medidas además contemplan que el sistema de transporte eléctrico acceda a los beneficios.
Las exenciones que contempla la Ley, en esta línea, apuntan a componer un parque vehícular cero emisiones a través de exoneraciones a determinados repuestos, que serían liberados del Impuesto al Valor Agregado en importación y primera venta.
La medida prevé vigencia en los siguientes términos: plazo de diez años para los vehículos y determinados cargadores, mientras que otras previstas para el impuesto de circulación de unidades se darán de forma gradual durante cinco años.
“Tenemos en claro que la Ley de Incentivos Fiscales no era completa, requiere de otras regulaciones”, anuncia.
Y agrega: “Intentamos eliminar el obstáculo principal, es decir, el alto costo de los vehículos”.
No obstante, considera que a pesar de que el proceso se haya alargado, aún es imperioso trabajar sobre una ley integral donde “se toquen temas relacionados con el desecho de baterías y el retrofit”, entre otros puntos.
Para avanzar en la medida, el sector plantea la necesidad de emprender una dinámica de oferta y demanda dentro de la movilidad eléctrica.
Anuncios y proyecciones
A principios de año, la Asociación había realizado un análisis económico a fin de detectar el estado de funcionalidad del mismo y verificar si este es sostenible.
A partir de los resultados lograron identificar los principales “players” y necesidades del usuario.
“También necesitamos impulsar más las relaciones con las universidades para preparar profesionales”, señala Botrán y, considerando que la electromovilidad es un hito en el país, AMEGUA proyecta la capacitación en el mediano plazo.
Respecto a la infraestructura de carga, cabe destacar que de los 11 puntos públicos, el sector espera incentivar la infraestructura de la mano de cinco empresas que montan redes.
“Esperamos terminar el año con unos 40 puntos públicos en la ciudad”, menciona.
Además, el sector planifica una campaña de etiqueta cuyo objetivo es educar a los usuarios sobre la relación con el punto de carga.
“La ciudadanía tiene que entender que no son parqueaderos exclusivos, por esta razón tenemos que generar conciencia y trabajar en esto desde ahora, antes de que crezca la adquisición de vehículos”, cierra Botrán.
El video completo: