Si bien a nivel de la Unión Europea el 2020 marcó otro paso en la implantación de los autobuses eléctricos, con un aumento de un 18,4% en ventas, el caso de España encuentra al país rezagado: la caída en el año pasado fue de un 51%, con solo 51 unidades vendidas.

Aunque el rol de estos vehículos y de un transporte público electrificado ha sido contemplado como uno de los pilares para una transición hacia una baja de emisiones, el avance en esta dirección ha sido desparejo.

Hasta la fecha, Madrid es la ciudad que mayor cantidad de buses de esta modalidad tiene, con un total de 10 líneas tras la incorporación de 30 nuevos vehículos y el compromiso de electrificar toda la flota para el año 2023. Zaragoza, por su parte, este mes aprobó una modificación contractual para incorporar 68 nuevos autobuses eléctricos al servicio.

Tras la llegada de la pandemia, durante la cual el rol de la movilidad pública comenzó a entrar en debate, son muchas las voces que comenzaron a abogar por una renovada apuesta hacia la electrificación de la movilidad pública como de importancia cabal para reducir emisiones.

“La prioridad del país debería ser electrificar el transporte público en todas sus versiones antes de electrificar flota privada y uso particular”, remarca Manel Ferri, cofundador de la Asociación para la Promoción del Transporte Público.

En ese sentido, el experto advierte sobre los errores de acusar a este tipo de movilidad pública como gran contaminante cuando el rol que puede jugar es el de reducir drásticamente las emisiones si el Gobierno la acompaña con su apoyo.

A pesar de que Ferri destaca un proceso de “recuperación” en el transporte público tras la caída del 2020, exige el fijar “objetivos” claros que articulen la “nueva movilidad”. Además de nuevas iniciativas y planes que recojan los desafíos de la movilidad no privada, la advertencia apunta hacia la financiación.

“Hace años que no se cuenta con el financiamiento para que las operaciones se mantengan”, afirma el titular de la asociación, quien llama por una ley que estabilice las inversiones en el sector público.

En esa misma línea, en su relanzada estrategia presentada este junio, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prometió centrarse en cuatro ejes clave entre los que se incluye la inversión estable como respuesta al cambiante presupuesto de los últimos años.

En materia de infraestructura de transporte, el MITMA anunció la búsqueda de sostener una cifra en torno a los 10 mil millones de euros para la siguiente década, con financiamiento del Fondo de Recuperación y Resiliencia.

El rol del transporte público en las ZBE

Para Ferri, quien habló del tema en el contexto del encuentro “Objetivo 2023”, el transporte público debe coordinarse con medidas como la implementación de Zonas de Bajas Emisiones para reducir cuota de uso del coche privado de combustión.

En ese sentido, la nueva guía del Área Metropolitana de Barcelona busca establecer lineamientos para que las ciudades de más de 50 mil habitantes implementen su propio modelo de expulsión de vehículos contaminantes, tras la experiencia en la ciudad catalana.

Uno de los puntos señalados como posiblemente problemáticos y que acompañan las declaraciones de Ferri es que la guía dedica un espacio escaso a otras medidas para una alternativa sostenible, lo que podría desalentar a los ciudadanos a adaptarse a este nuevo esquema.

Si bien se contemplan subvenciones para la compra de vehículos sostenibles y gratuidad de transporte público para quienes desguacen sus coches, la necesidad de una oferta variada de opciones multimodales y mayor inversión podrían terminar de apuntalar el abandono de la movilidad particular contaminante.