El 82% de la energía eléctrica que se genera en República Dominicana proviene de combustibles fósiles. Por lo tanto, en busca de una verdadera promoción de la descarbonización del transporte, expertos aseguran que es necesario un cambio en la regulación eléctrica y régimen tarifario, que permita una mayor penetración de las energías renovables distribuidas, adaptándose a la tecnología actual y sus posibilidades.
“En la medida en que esos vehículos eléctricos se conecten a una red alta en carbono, llama a la preocupación el hecho que aumenten las emisiones. Nosotros abogamos para que se recarguen de fuentes renovables que estén distribuidas a lo largo de la geografía nacional”, afirma Marvin Fernández, secretario de la Asociación para el Fomento de Energías Renovables (ASOFER).
En ese sentido, para Fernández, el paso hacia las energías limpias debe comenzar por cambiar el cobro de potencia actual para los autoproductores de energía y usuarios de vehículos eléctricos, así como una serie de normativas que, tras años de haber sido elaboradas, quedaron desactualizadas.
“Hay un tema tarifario que preocupa. Actualmente los usuarios que instalan algún tipo de cargador eléctrico pueden pasar a una tarifa que implique el cobro de potencia. Eso en vez de beneficiar al usuario, lo que haría es perjudicarlo porque pagaría más”, advierte el representante de la asociación.
Y agrega: “Se ha hablado de que se establezcan tarifas horarias que incentiven el uso de las renovables para que se pueda realizar la carga del vehículo eléctrico en horarios de mayor producción solar, por ejemplo, para de esta forma suplir la demanda de una fuente limpia y reducir las emisiones”.
Cabe recordar que hoy la Superintendencia de Electricidad de República Dominicana se encuentra realizando la consultoría “Regulación para la Movilidad Eléctrica en la República Dominicana” con el objetivo de abarcar dos estudios necesarios referidos a aspectos normativos y tarifarios. Se espera que este proyecto finalice en julio.
Uno de los temas que se trabaja es el límite de potencia y su precio. A partir de los 10 kilovatios, el usuario debe pagar un cargo adicional por potencia, que incrementa el importe de la facturación de energía. Es por esto que, por ejemplo, desde la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana (Asomoedo) se ha solicitado que el rango se amplíe a 15. Esto promovería, en consecuencia, el uso de otros métodos de carga.
“Se requiere actualizar la regulación. Nuestra Ley General de Electricidad vigente data del 2001, entonces se debe adaptar para reducir la brecha entre la regulación y los avances tecnológicos”, explica Fernández.
A su vez, el secretario también afirma que se debe aumentar el límite restrictivo que plantea el Reglamento Interconexión Generación Distribuida del 15% de penetración de las fuentes renovables en los circuitos de las empresas distribuidoras, tal y como lo plantea el Estudio “Nivel de Penetración Fotovoltaica Permisible en las Redes de Distribución Dominicanas”.
El mismo fue realizado por la empresa consultora alemana Energynautics, dentro del marco del Proyecto Transición Energética, que desarrolla la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ). Este estudio recomienda aumentar el límite inicial de 15% a 25% en circuitos de distribución rurales y a un 50% en los circuitos de distribución urbanos.
“En la medida en que se vayan agregando más cargadores eléctricos a la red, terminará por haber una eventual congestión. Entonces, es necesario ampliar ese margen”, indica y añade: “Al llegar al 15%, el reglamento plantea que habrá que hacer estudios complementarios para ver qué tan seguro es producir esa generación distribuida”.
Y cierra: “Entendemos que desde el Gobierno se están dando los pasos para reducir las trabas que pudieran existir en la regulación, que está desfasada, para permitir una mayor penetración de las renovables. Entendemos que estamos en un escenario ideal para una reactivación económica sostenible, descarbonizando la red y reduciendo las emisiones de los gases de efecto invernadero”.