Si bien Panamá avanza cada día más en lo que respecta a la electromovilidad, recientemente la Secretaría de Energía (SNE) tomó una medida que aqueja a una parte del sector.
El 23 de febrero, se publicó en la Gaceta Oficial No. 29726-A la Resolución N.º MIPRE-2023-0006657 que establece temporalmente los precios máximos de venta al público de algunos combustibles líquidos en el país.
Frente a esto, actores vinculados a la movilidad sustentable hicieron llegar a Portal Movilidad comentarios que denotan descontento.
“Desincentiva el uso de vehículos eléctricos por no reflejar la realidad energética mundial. Debilita nuestra capacidad de pensar en un beneficio mayor y compartido, que debería apuntar hacia el desarrollo sostenible y el mejoramiento continuo en la calidad de vida de las personas”, indica la fuente.
Y añade: “No tiene sentido económico, ya que significa un golpe más a la deuda pública que pagaremos con los impuestos. La fijación de precios máximos ya se extendió tres veces, pero, poco a poco, los panameños nos damos cuenta de que estas medidas poseen un tiempo definido”.
Además, vale mencionar que el 15 de febrero, mediante el Decreto Ejecutivo N° 51, se reglamentó la Ley 295 del 25 de abril de 2022, que estimula la electromovilidad en el transporte terrestre. Sin embargo, al día de hoy “casi no se habla al respecto”.
“Hay poca claridad sobre la estrategia del gobierno para lograr lo que apunta la reglamentación. La SNE realiza un trabajo ejemplar, pero no se le dan las herramientas suficientes para que el tema se profundice dentro de las entidades públicas y la sociedad en general”, sostiene la fuente.
No obstante, cada día más empresas privadas se comprometen con la movilidad sustentable ofreciendo educación, nuevos productos y servicios, y difundiendo a través de los medios de comunicación información sobre las nuevas tecnologías con el fin de que ocurra un cambio progresivo.
“Las marcas empiezan a traer más modelos de autos eléctricos y en las calles se nota el deseo de cambio. Pero se necesitan mejores incentivos financieros para el acceso a recursos y un paquete más robusto de beneficios para fomentar la descarbonización del transporte individual y el impulso de la electromovilidad”, añade.
Por otra parte, Portal Movilidad dialoga con Jorge Rivera Staff, secretario de Energía de Panamá, para conocer su postura.
El secretario argumenta que “este precio tope de ninguna manera desincentiva la movilidad sustentable. Es una alternativa cuyos efectos no dependen de tener los costos del combustible regulados o a libre mercado”.
Lo cierto es que este mecanismo, establecido desde 2008, responde a las variaciones internacionales de los importes de combustibles, representando un 75% del precio final que pagan los consumidores y alrededor de un 25% de costos locales, lo cual “tiene una incidencia casi nula en el impulso de la electromovilidad”.
Asimismo, cabe resaltar que el programa temporal de combustible solidario -implementado en 2022- también tiene poca repercusión en el avance de la movilidad sustentable en Panamá.
Según la Estrategia Nacional, las principales barreras son el costo de compra inicial de los vehículos eléctricos, la infraestructura de recarga y su entorno regulatorio, así como la necesidad de ampliar la oferta de las marcas internacionales.
“En ninguno de esos amplios análisis y consultas públicas desarrolladas en los últimos años surgió el costo de los combustibles como un factor que desincentive la movilidad eléctrica en el país”, reafirma Rivera Staff.
¿Qué contempla la regulación?
Establece el importe máximo de venta al público de algunos combustibles líquidos en las ciudades de Panamá, Colón, Arraiján, La Chorrera, Antón, Penonomé, Aguadulce, Divisa, Chitré, Las Tablas, Santiago, David, Frontera, Boquete, Volcán, Cerro Punta, Puerto Armuelles y Changuinola.
El periodo comprendido es del 24 de febrero de 2023 a las 6:00 a.m., hasta el 10 de marzo de 2023 a las 5:59 a.m.
Resolución gas 23 de febrero de 2023